EL ÚLTIMO informe de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos detalló que, en lo que va corrido del año, se han documentado 191 denuncias frente a posibles ataques y homicidios de líderes sociales y comunitarios en el territorio nacional.

El organismo mencionó que del total de estos casos, 83 no fueron acreditados como defensores de derechos humanos, esto debido que “para ser reconocido como tal tiene que cumplir con una serie de requisitos”, como por ejemplo que su crimen esté relacionado con su labor social en su comunidad.

Asimismo, la ONU reveló que en 73 casos se logró establecer su registro, y los 35 restantes aún se encuentran en proceso de verificación.

De igual forma, la entidad apuntó que 15 de los líderes sociales asesinados en el país durante el año pertenecían y defendían las comunidades indígenas o afrodescendientes, “quienes exigían garantías para los intereses de dichas comunidades, pero que fueron ultimados por ataques armados”, se lee en el documento.

En cuanto al registro por departamentos, Valle del Cauca se ubicó en la primera posición con mayor número de víctimas, con 31 casos de líderes comunitarios, de los cuales 21 ocurrieron en la ciudad de Cali tras las acciones violentas en las que derivaron las manifestaciones de abril y mayo de este año. Cauca sigue en la lista, con 11 ataques.

Cabe señalar que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró, en su último informe, el asesinato de 159 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el mismo periodo del 2021. Mientras que la Defensoría del Pueblo reportó más de 130 personas ultimadas en el presente año.

Desplazamiento forzado

De igual forma, Naciones Unidas también presentó su análisis frente a la situación de desplazamiento masivo en el país. Según la entidad, entre enero y octubre de este año, al menos 64.800 personas fueron desplazadas de sus territorios, lo que representó un incremento del 198% en comparación con el 2020.

El organismo mencionó que la principal causa de los desplazamientos y confinamientos son los enfrentamientos entre organizaciones criminales que se disputan el control de la zona para sus intereses particulares.

Municipios como Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Argelia (Cauca), Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó) han registrado mayor movilidad de los pobladores de la zona rural.

Adicionalmente, la ONU notificó más de 51.400 personas que fueron obligadas a confinarse en sus hogares por la presencia de grupos armados ilegales, siendo el departamento del Chocó el que reportó el 65% de las víctimas.

Finalmente, Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se realice seguimiento a la situación de orden público en Arauca, ya que en los últimos días se ha reportado el desplazamiento masivo de 81 personas en el municipio de Tame, debido al reciente ataque contra un miembro de la comunidad indígena makaguán del Resguardo La Esperanza, lo que derivó en el retiro de los pobladores de dicha congregación.