EL MAGNICIDIO de Álvaro Gómez Hurtado fue un crimen de Estado, cuyo determinador habría sido el expresidente Ernesto Samper y no las Farc, como sorpresivamente lo informaron al país hace meses.
Así lo consigna un informe que la familia del inmolado líder conservador entregó a la JEP, en cuyas 172 páginas hace un completo recuento y análisis del acervo sumarial del caso tras lo cual concluyen los abogados que “fue un crimen político”
“Crónica de un crimen de Estado Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas, cinco lustros de tenebrosa impunidad", se titula el informe entregado a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, cuya “línea de investigación demostraría que este caso fue un crimen de Estado porque porque se reúnen los elementos constitutivos de esta figura”, según explicó Sebastián Moreno, el abogado de la familia.
Agregó que el magnicidio tenía, entre otros objetivos “evitar que se impusiera una agenda anti-samperista en el Noticiero 24 horas, que era uno de los de mayor audiencia de la televisión colombiana", al igual que generar un clima de temor y de zozobra entre la oposición democrática que en ese momento se ejercía con fuerza por el escándalo denominado “proceso 8.000”, la denuncia de ingresos del narcotráfico a la campaña Samper Presidente.
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El abogado Moreno también argumentó que con base en declaraciones de exmiembros del Cartel del Norte del Valle, el supuesto autor material del crimen habría sido Danilo González, excoronel de la Policía, en un cumplimiento de una orden del mencionado expresidente.
Por su parte el candidato presidencial y sobrino del inmolado líder, Enrique Gómez, indicó que el informe, de 172 páginas, “es un recuento concreto de un acervo sumarial enorme que reposa, está oculto y sellado bajo una reserva sumarial en la fiscalía y que acredita claramente que esto es un crimen de estado cometido por Ernesto Samper Pizano y su grupo de gobierno”.
Gómez también anticipó que si la JEP asume este proceso impugnarán tal decisión porque consideran que no es verdad que las Farc hayan sido los autores del magnicidio, tal cual lo aseguró el actual parlamentario Carlos Lozada, aunque sin aportar prueba alguna.
“Lo lógico y lo razonable es que no se asuma competencia que se declare que no es competente y permita la continuidad de la investigación por parte de la justicia permanente. Las evidencias recaudadas a las Farc por la JEP no tienen consistencia y las pruebas documentales apuntan a algo contrario a lo que sucedió las Farc, ni participó, ni sabía quién había matado a Álvaro Gómez”, sostuvo el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional.