Esta semana fue la más turbulenta que se vivió en el año al interior del Concejo de Bogotá, todo debido a que el martes se le vencieron los tiempos al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que se tramitara por acuerdo.

No es poca cosa que Bogotá, una ciudad que necesita reglas de ordenamiento de este siglo, se quedara sin este instrumento estratégico de forma consensuada, pues eran muchas las esperanzas cifradas en esta hoja de ruta que ahora será aprobada por Decreto. 

El jueves en la mañana la alcaldesa fue ambigua pero las intenciones quedaron claras: “En vista de que el Concejo no tomó una decisión de fondo sobre el POT, vamos a analizar con mucho cuidado cómo podemos lograr que Bogotá tenga un Plan de Ordenamiento Territorial en el que se incorporen muchas de las sugerencias, muy oportunas, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los concejales para este documento urgente que necesita Bogotá”.

Y añadió que “vamos a empezar un análisis muy riguroso de esa decisión y vamos a empezar un estudio riguroso de qué alternativas hay. Lo haremos con mucho rigor y con toda la tranquilidad”, indicó la mandataria distrital al finalizar la semana.

Aunque carece de especificaciones, esto deja dos cosas más o menos claras: la primera de ellas, que la Administración no volverá a presentar este proyecto de Acuerdo el año entrante. Y la segunda, que al parecer no aprobará el POT como lo radicó el pasado 10 de septiembre.

Concejales ponentes analizan

Esta determinación despertó ampolla entre varios concejales que hicieron consideraciones relacionadas con el talante democrático de esta decisión y con eventuales problemas jurídicos. Ciertamente todos ellos coincidieron en que esta decisión va en contravía del mandato ciudadano y lo mejor que podría pasar es que se vuelva a presentar. Ahora, queda la expectativa de conocer qué se aprobará y cuándo.

Para explicarlo mejor, el concejal ponente Germán García (Partido Liberal) le dijo a EL NUEVO SIGLO que no hay ninguna norma que señale qué debe y qué no debe ir en el Decreto, lo que indica que puede ser el texto originalmente radicado, parte del texto conciliatorio (que presentaron él y el concejal Pedro Julián López Sierra) o uno mixto de varias cosas.

“Hay jurisprudencia que yo estoy seguro, por información que he recibido, que la Secretaría Jurídica ha encontrado que avalaría este tipo de situaciones. Sé que la Alcaldía está haciendo un trabajo jurídico bastante riguroso para tener certeza sobre qué decretar. El decreto hoy es una realidad. Van a decretar el POT, pero no sabemos qué van a decretar”, dijo García.

Ante la falta de certeza sobre cómo sería el decreto, el concejal cree que la Administración incluirá un conjunto de cosas. “Algo de los ponentes, algo de los concejales, un poco lo que a ellos les conviene y pues voces ciudadanas. De todo un poco. Y será lo que la Administración decida. Los tiempos ya se acabaron y la Ley 388 Artículo 25 es bastante clara: ella podrá expedirlo por decreto, solo que no está claro qué”, sostuvo.

Por cierto, si se incorporara el pliego de modificaciones de los concejales López y García, iría la Alo Norte y Bogotá podría seguir construyendo apartamentos de una sola habitación.

¿Se abriría la puerta a demandas?

Por su parte, el otro concejal ponente, Nelson Cubides (partido Conservador),  dijo que con esta decisión, sobre la cual la Administración no dio mayores detalles y debería haberlo hecho, están tratando de mezclar una jurisprudencia y ajustarla al POT.

“¿Cuál jurisprudencia? La de las leyes que hacen referencia al cabildo abierto. La ley es clara en decir que cuando se hace un cabildo, uno es para escuchar y el otro es para responder. Y si la Administración acepta los cambios, está obligada a incluir las modificaciones. Ese es uno de los argumentos que ellos esgrimen para poder incluir algún tipo de modificación. Sin embargo, eso está dentro de otro contexto y yo creo que sería un error hacer modificaciones porque daría toda la argumentación para abrir todas las demandas habidas y por haber”, dijo a este medio Cubides.

Le puede interesar: Hoja de ruta para que Bogotá sea la capital de la pospandemia 

Añadió, además, que de abrirse esta puerta en uno o dos años se cae el documento y se crearía una interinidad jurídica crítica “y quedaría un caos de ciudad por ese eventual desorden, como le pasó a Gustavo Petro con unos edificios. Están mezclando jurisprudencia para tratar de justificar el argumento”, finalizó.

A este inmediato respecto el ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Andrés Forero, fue claro al advertir que si la alcaldesa Claudia López aprueba por decreto con modificaciones el POT, eso se lo va a cobrar la ciudadanía ahora y eventualmente en las urnas. “Debería presentarlo el año entrante”.

“Ella lo que puede hacer es sacar por decreto el documento que radicó. Si le hace modificaciones, eso quedará sujeto a demandas de nulidad, dejando a la ciudad en una incertidumbre grande. Te pongo un ejemplo: los proyectos inmobiliarios van a tener un temor, justificado, a que ese esperpento se caiga. Eso no tiene ninguna validez y es, a mi juicio, un malabarismo jurídico completamente infundado”, sostuvo a este medio el exconcejal Forero.

Añadió que la alcaldesa debería tener mucho cuidado sobre lo que va a hacer, “pues las decisiones que toma y la forma en que las toma están propiciando zozobra y una incertidumbre completamente innecesaria en la ciudad. Si ella decide pasar por encima de la ley y pasar un decreto con modificaciones, está poniendo a Bogotá en vilo”.

“Lo que está previsto es que ella saque por decreto lo que presentó en el Concejo y no tiene ningún sustento para modificar el documento que ella radicó y que está lleno de errores”, finalizó diciendo Forero, quien agregó que de esta manera podrá decir que fue un POT “concertado, aun cuando no hubo un debate democrático y está yendo en contra de la voluntad expresa del Concejo”.

Un gesto autoritario

Por su parte, de acuerdo con quien fue cabeza de lista por la Alianza Verde, Diego Cancino, decretar el POT es una decisión que no tiene en cuenta la deliberación del Concejo de Bogotá y no incluye todas las voces de la ciudadanía.

“Desde el principio lo dijimos: el POT se merece ser discutido y construido colectivamente. Al Plan como se radicó le faltaba mucho de eso y por eso lo que dijimos fue: retirémoslo y construyámoslo colectivamente. Decretarlo es un gesto autoritario que no reconoce la voz de la ciudadanía, y la voz de más del 85% del Concejo de Bogotá que le pidió a la alcaldesa que no lo decretara”, sostuvo a este diario quien fue cabeza de lista por la Alianza Verde, Diego Cancino, y quien notó que son muy pocos los concejales que no tienen en su puesto un mensaje que reza “No al POT por decreto”.

Algunos de ellos son los concejales verdes Julián Rodríguez Sastoque, Daniel Espinosa, Andrés Onzaga, Andrea Padilla, María Fernanda Rojas, María Clara Name; el concejal del Centro Democrático Óscar Ramírez Vahos y el nuevo presidente del Concejo, el liberal Samir Abisambra.

El concejal añadió que, además de contradecirse con lo que le solicitó al exalcalde Peñalosa ya en calidad de alcaldesa electa, “las modificaciones no las conocemos. No sabemos qué va a pasar. Tendría serias críticas porque no conocemos qué aprobará. ¿Qué va a tener en cuenta que se pueda y no se pueda incorporar?”, dijo Cancino.

Por su parte, la concejal de la oposición Heidy Sánchez (Colombia Humana-UP-MAIS) señaló que “es una irresponsabilidad y una falta de respeto con la ciudadanía por parte de la alcaldesa sacar un decreto que no tenemos el más mínimo conocimiento de qué va a tener. En teoría lo que debería decretar es lo que radicó aquí y eso tiene muchos errores de mapas y de tratamientos de usos del suelo, etc. Es una falta muy grande de respeto que lo saque por decreto”, indicó a este medio la concejal Sánchez, quien finalizó destacando que el Concejo debe conocer el documento que se va a decretar.