Tras las violentas protestas de campesinos e indígenas que dejó como saldo la muerte de dos manifestantes y un policía, en San Vicente del Caguán, Caquetá, se conocieron los acuerdo a los que llegó el Gobierno con esta comunidad luego de liberar a más de 70 policías y seis trabajadores de la opetrolera Emerald Energy, que estuvieron retenidos a la fuerza por varias horas.
A través de un documento firmado por ambas partes se establecieron 10 acuerdos, entre los que está la creación de una Comisión mixta de Derechos Humanos compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la dirección de DDHH del Ministerio del Interior y representantes de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a conformar una mesa técnica entre el ministerio de Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para tener una comunicación directa con la empresa Emerald Energy para "revisar las condiciones de cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión y las solicitudes realizadas por los delegados de la comunidad que versan sobre la compensación ambiental y social del proyecto Capela”.
Por otro lado, los campesinos y el Gobierno integrarán los acuerdos de Altamira (mesa técnica de campesinos y de Indígenas), Villavicencio, Lejanías, Solano y el Acta del 14 de octubre de 2022 en Villavicencio en uno solo, de forma que se visibilice y organice su cumplimiento.
De igual manera, se pactó que se reconocerá a la Coordinadora Coscopaas como interlocutor válido de un conjunto de organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare para los efectos del acuerdo de Los Pozos.
El quinto punto establece que el Gobierno deja la constancia que el Plan Artemisa, impulsado por el gobierno de Iván Duque, dejó de ser implementado debido a los cambios de políticas en materia de defensa, seguridad y medio ambiente que desde el Ministerio de Defensa se impulsan.
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En cuanto al Coscopaas se compromete a dar por terminada la movilización social pacífica que venga adelantando una vez las partes y los acompañantes firmen del acuerdo. Para ello, las comunidades iniciarán el retorno a sus lugares de origen dentro de las 24 horas siguientes a las firmas.
Para efectos del seguimiento y cumplimiento al ‘acuerdo Los Pozos’, se realizarán reuniones trimestrales para evaluar el avance de los compromisos donde deberán participar todas las autoridades e instituciones, se establece en séptimo punto.
En octavo acuerdo hace referencia a la financiación del desarrollo de las reuniones de seguimiento a los acuerdos, que se hará de manera mancomunada entre el Ministerio del Interior, Comisionado de Paz, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura y la Dirección de Sustitución.
A partir de acuerdo, la secretaría técnica se ejerce entre los Ministerios del Interior, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y los diferentes delegados de Coscopaas.
Finalmente, se estableció que, en caso de presentarse hechos que generen especial atención, la secretaría técnica deberá sesionar en un espacio no mayor a cinco días hábiles.