Con un discurso mucho más matizado frente a los jueces de la República, con quienes la mandataria distrital ha tenido varios encontrones en las últimas semanas, ayer la alcaldesa hizo un balance sobre cómo se comportaron los principales indicadores de seguridad en el mes de octubre, así como sobre los ajustes que, en su opinión, se necesitan para hacer más efectiva la judicialización de los delincuentes.
De hecho, hizo un llamado al Congreso, especialmente a “los parlamentarios del cambio”, a que ajusten la Ley de seguridad ciudadana.
En una primera medida, la alcaldesa dijo que Bogotá sigue reduciendo el homicidio en un 12%; la extorsión en un 22%; el hurto de automotores en un 11%; el hurto de motocicletas en un 5%; el hurto a residencias en un 19%; el hurto a comercio en un 24% y el hurto de bicicletas en un 15%.
“Ocho de los 12 indicadores de impacto en la seguridad que evaluamos van a la baja gracias a estos esfuerzos. Cuatro, desafortunadamente, aún no van a la baja y siguen subiendo: violencia intrafamiliar, violencia sexual, hurto a personas y hurto a celulares. El mes de octubre, solito, fue un buen mes en cuanto a que logramos reducir todos los delitos. Necesitamos seguir consolidando esta tendencia mes a mes y comparado contra el 2021 estamos mejorando en todo”, explicó la mandataria distrital.
Falta de policía e impunidad
Ahora, ¿por qué Bogotá no logra bajar los indicadores de hurto a celulares y personas? Si bien es cierto que en parte eso se debe a que no hay suficientes policías (la ciudad necesita 23 mil y solo cuenta con 17 mil, aunque en diciembre llegarán 1.500, de los cuales mil se irán al SITP), de acuerdo con la alcaldesa el tema, sobre todo, es de judicialización.
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“La poca policía que tenemos hace la tarea y captura al raponero, pero ocho de cada 10 quedan libres. Ahí tenemos un eslabón perdido en materia de judicialización. Hago una solicitud respetuosa a la Fiscalía y a los jueces para que mejoremos en esa judicialización. Los jueces nos han respondido, con razón, que ellos solo pueden aplicar la ley. Pues bien, la ley se cambió el año pasado para que, por solicitud de la Alcaldía, se incluyera un agravante: que cualquier hurto con arma fuera causal de detención inmediata. Eso no se está cumpliendo. Y el segundo cambio que pedimos en la ley de seguridad ciudadana es que la recurrencia fuera un agravante y ameritara detención. No se está cumpliendo”, precisó la mandataria, quien acto seguido expuso las cifras que así lo demuestran.
Ley de seguridad ciudadana no funciona
La ley de seguridad ciudadana está en vigencia desde el 25 de enero de este año. De esa fecha al primero de noviembre, se han presentado, por hurto o atraco, 8.041 casos. 6.976 fueron por hurto y 1.047 con posesión de armas. En 17 casos hubo mal en bien ajeno, y en un caso fue agredido un servidor público.
“Sin embargo, solamente 764 casos quedaron con detención carcelaria. Ni siquiera los 1.047 casos en los que hubo hurto con arma de por medio, los mandaron a la cárcel. Les dieron detención domiciliaria a 71. ¿Qué hacen? Volver a robar. Eso es equivalente a dejar en libertad. Y a ocho les pusieron brazalete electrónico. Todos vemos los delitos, vemos las capturas y luego vemos cómo el delincuente queda otra vez libre. Con este nivel de impunidad no hay democracia viable. Apreciados jueces y fiscales, la Constitución obliga a defender la vida y la honra. Tenemos que poder judicializar al que comete un hurto”, enfatizó la alcaldesa.
Ahora, ¿quién los deja libres? De cada cuatro capturados, a dos los deja libre el fiscal del caso, que no imputa el cargo. En los otros casos no aplicaba o hay algún error en el proceso.
“De los 8.041 casos solamente en el 11% dieron alguna medida carcelaria. En el 24% de los casos el fiscal dejó libre a la persona porque el delito es querellable (se requiere de una denuncia antes de las 36 horas). En 14% de los casos el fiscal consideró que era mínima cuantía (menos de 4 millones robados) así que robar a los pobres no importa. ¿Robar a los pobres no es un delito? Congresistas del cambio: hay que cambiar eso. Hay un problema en la ley y en eso los fiscales tienen razón”, enfatizó la alcaldesa, quien aclaró que no está deslegitimando la labor de la Rama Judicial sino la manera en la que se está interpretando y aplicando la ley.