Hace una semana se hizo viral un video donde una profesora de la IE Costa Rica denuncia en un video su rostro con moretones y su piel arañada por una estudiante de grado undécimo, con la complicidad de todo el grupo de clase. Según la denuncia de la educadora, una estudiante interrumpía su clase con el uso del celular a volumen y a pesar de los llamados de atención para que lo guardara, no hizo caso. Por eso, ella toma la decisión de decomisar el teléfono, por lo que es acusada de robo, le bloquean la salida del salón y le dan una paliza con la complicidad o la indiferencia de los demás estudiantes.

Lo ocurrido con la profesora Dalila fue visible y viral por el video que publicó en la red social Tic Tok.

Surgieron voces de indignación, sobre todo, desde el Concejo de Bogotá, donde algunos políticos buscan el oportunismo por pedir explicaciones frente a situaciones que son responsabilidad de todos.

En primera instancia, surgen cuestionamientos sobre el proceder normativo de la profesora, porque bajo las leyes de amplia protección a los estudiantes hace que no sea permitido hoy decomisar cosas o tocar a un alumno. Se pidieron explicaciones a las entidades de educación sin entender que es el resultado de una alta permisividad, de la falta de autoridad en las escuelas y la indefensión en la que se encuentran los educadores frente a hacer cumplir las normas.

Respuesta de Secretaria de Educación

La Secretaría de Educación emitió un comunicado expresando su preocupación por lo ocurrido en la institución y señaló que actuaron de manera inmediata. Según el documento, la entidad se comunicó con la Dirección Local de Fontibón y con las directivas del colegio para esclarecer los hechos.

"Ante este suceso, hemos actuado de manera inmediata y coordinada para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas y hacer un seguimiento oportuno y responsable", dice el comunicado.

La Secretaría convocó a un comité de convivencia escolar el 21 de julio, mediante el cual se discutieron las medidas que tomarán frente a este asunto en el marco de los protocolos establecidos en la Ley 1620. También señaló que brindará apoyo psicosocial, de seguridad en el trabajo y atención médica a la docente, además de que establecerán enlaces con las entidades educativas para que se le de especial y prioritaria atención a este caso.

La Secretaría de Educación activó los protocolos para fortalecer la convivencia escolar y apoyar al personal que conforma a la institución, incluyendo profesores y estudiantes, mediante un plan pedagógico.

"Solicitamos a los medios de comunicación y a la comunidad en general un manejo responsable de la información. Respetamos la confidencialidad y privacidad de las personas afectadas, y consideramos fundamental evitar la difusión de datos sensibles que puedan vulnerar su integridad. La Secretaría de Educación del Distrito continuará realizando un seguimiento al caso y reitera su compromiso con la promoción de entornos escolares donde prevalezca el cuidado, el respeto y la resolución de conflictos de manera no violenta", concluye el comunicado.

• Le puede interesar: Bogotá: Así cayeron 14 abusadores sexuales, entre ellos un cantante

¿Y la agresora?

Según un experto perito en normatividad en educación, la estudiante puede ser denunciada por el delito de violencia contra servidor público, según el Código Penal. Asimismo, el especialista sugiere una reparación por parte de los padres de familia por los daños causados a la docente.

Sin embargo, a la fecha no ha pasado nada con los estudiantes involucrados en la agresión y preocupa la impunidad con las que quedan estos hechos de profunda violencia.

Responsabilidad de todos

La agresión es la punta del iceberg de un problema de fondo: la violencia estructural en las familias colombianas que se refleja en los espacios públicos. Que estos hechos ocurran en una institución educativa, con la indiferencia de los alumnos, demuestra que se está fallando es la escuela como espacio formador, de convivencia y de tolerancia.

Por otra parte, como lo afirmó la docente en el video, el problema no es el uso de la tecnología en la escuela, estos hechos de violencia pueden ocurrir bajo cualquier pretexto, validarlos, justificarlos, minimizarlos es repudiable, responsabilizar a una persona o a un solo actor de un problema estructural es desconocer la necesidad de acciones y actores que tienen que estar involucrados.

Los políticos que juegan a ser los jueces, deben ser los primeros en responder por sus acciones frente a la reducción de la violencia en las escuelas, por las políticas que también velen por los derechos de los educadores. En una sociedad cada vez más permisiva con las violencias, trabajar por el respeto, el diálogo y la sanción a los infractores se convierte en una acción política central.

La erradicación de las agresiones violentas en la escuela es fundamental para garantizar el derecho a la educación de calidad, el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa trabajar juntos para crear un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes.

Las agresiones físicas hacia los profesores afectan el bienestar y la integridad profesional del personal docente e impiden crear un ambiente educativo positivo y respetuoso que promueva el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Todos los miembros de la comunidad educativa deben trabajar juntos para prevenir y abordar cualquier forma de violencia en las escuelas.