Tras las denuncias del senador Jonathan Pulido Hernández sobre supuesta corrupción en varios convenios interadministrativos por $8.150 millones que suscribió el Senado con la firma Digitec para la producción de contenidos en el Canal del Congreso, la Procuraduría General abrió indagación previa contra senadores por determinar y funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera del Legislativo. El Parlamentario salpicó a Roy Barreras, pues dijo que el contrato se firmó una vez éste asumió la presidencia de la Cámara alta.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público señaló que se investigarán las denuncias sobre presuntas anomalías en las etapas precontractuales, de celebración y ejecución de contratos suscritos para la producción de contenidos del Canal del Congreso, “en los que posiblemente se desconocieron los principios de la función administrativa y de este tipo de vinculación laboral, así como un eventual interés indebido y un posible detrimento patrimonial”, dijo la Procuraduría.
De igual manera, el ente de control validará la información de los convenios en aras de esclarecer las razones por las que se recibieron ofertas de manera extemporánea, la existencia de documentos sin certificación de cumplimiento a los que se les dio trámite y la justificación para subcontratar, entre otras.
El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicitó practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos.
El senador Hernández, quien sin antecedentes en la política por primera vez llega al Congreso tras lograr de forma sorpresiva más de 180 mil votos, en gran parte explicado porque es un reconocido youtuber, expresó que, además, de que el convenio se firmó pocos días después de que Barreras fuera elegido el pasado 20 de julio para la presidencia del Senado, dos personas que estaban en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) pasaron a laborar en el Canal del Congreso: Maritza Larrota y John Jairo Uribe, este último en la producción del Canal.
“Maritza Larrota, exasesora de la UTL de Roy Barreras, resulta ser supervisora de un jugoso contrato de $10.000 millones. Además, la hija de John Jairo Uribe, al que denunciamos por presunto abuso sexual, también trabaja en el canal y tiene contrato bajo subcontratación. Ambos, días antes de que Barreras fuera elegido presidente del Senado, salieron de la UTL y pasaron al Canal del Congreso”, compartió a Blu Radio el joven Parlamentario.
Agregó que Valeria Uribe, hija de John Jairo Uribe, se desempeña como coordinadora administrativa en el Canal, pero que, además, ella es la única accionista de la empresa Espejo Público, con la cual dice que Digitec subcontrató la producción de contenidos por $4 mil millones.
Sostuvo que “hay algo muy sospechoso que las instituciones deben investigar. Analizamos en los 105 contratos que se firmaron para operar en el canal, en 95 encontramos presunta corrupción; por ejemplo, por un editor le cobraban al Senado cerca de $8 millones y al editor le pagaban poco más de $6 millones”.
Hernández, manifestó, además que la empresa Espejo Público aparece enlazada a la página de Facebook del Partido Fuerza de la Paz, el cual lidera el senador Barreras.
Barreras anuncia denuncia
El Presidente del Senado expresó que son calumniosas las afirmaciones de Hernández, “prefabricadas en redes con el desesperado propósito de buscar likes y figuración”.
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Aclaró que “es de conocimiento público que los presidentes del Congreso no contratan nada ni a nadie. Es función de la Dirección Administrativa que ha dado ya información pública sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor JP”.
Agregó que “regar la especie en redes de que hay ‘corrupción’ sobre dos contratos rutinarios y transparentes, uno de ellos con Noticentro 1 CM&, no solo es una calumnia, sino una injuria contra una empresa respetada y respetable como CM& que presta sus servicios de producción al noticiero del Senado desde hace años”.
Barreras retó al senador Hernández “a mostrar una sola prueba que me relacione con los contratos (legales) que, además él mancha de ‘corruptos’. Anunció que “el ciudadano Ferney Pulido deberá responder ante la Corte Suprema por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento”.
Finalmente, el Presidente del Senado dijo sobre el anuncio de la Procuraduría, que “celebro la celeridad de la investigación sobre denuncias calumniosas que fueron radicadas hoy, mismo en cuestión de horas desplegó la Procuradora un delegado para hacer las primeras diligencias. Ojalá sea así con las denuncias de todos los ciudadanos. Cuando determinen la transparencia de los actos espero el mismo despliegue comunicativo y las sanciones disciplinarias contra el calumniador de extrema derecha”.