La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP culminará hoy, 17 de noviembre, en Marsella, Risaralda, una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.
Durante la audiencia, que será pública y transmitida por los canales oficiales de la JEP, la sección recibirá y revisará diversos informes sobre los cementerios protegidos, realizados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como la gestión de diferentes autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.
Las alcaldías y parroquias de ambos departamentos también han entregado información a la JEP sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR) de posibles víctimas del conflicto armado, informes que también serán contrastados por la sección.
La sección pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada. Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 directas y 416 indirectas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.
Identificación
Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío.
Durante la audiencia, la sección verificará si dichos cuerpos son ubicables, si han sido exhumados por orden de alguna autoridad o si se ha perdido el rastro por diversas causas, entre las que se incluyen las malas prácticas de los cementerios evidenciadas en otros trámites.
Con la información recaudada previa y durante la audiencia, y las demandas de verdad que presenten las víctimas, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares que impuso desde 2021 en 27 cementerios de Quindío y Risaralda, o si ordena su levantamiento.
En la diligencia participarán 11 organizaciones de víctimas y organizaciones territoriales de buscadores de personas desaparecidas.
En Quindío, la JEP ordenó medidas cautelares en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.
En Risaralda, los cementerios que tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP son los de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.
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¿Por qué la audiencia en Marsella, Risaralda?
Marsella es uno de los municipios con mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero. Según el Ministerio del Interior, allí habría, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para el año 2015.
Un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, ocurrida en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. Durante los hechos que sucedieron a lo largo de estos años, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca.
Las medidas cautelares fueron ordenadas por la JEP en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda. Esta solicitud incluyó los departamentos de Risaralda y Quindío.
Cementerio en Puerto Berrío
Vale recordar que la JEP ordenó también una medida cautelar en el cementerio Estación Las Virginias, ubicado en zona rural de Puerto Berrío, Antioquia.
En su momento la medida fue adoptada por la Sección tras evaluar los hallazgos de la Unidad de Investigación (UIA) de la JEP, presentados en una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre en el municipio, en sesión conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
La magistratura explicó que la medida se tomó debido a que existen lugares en el cementerio, administrado por la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Puerto Berrío, en donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas. Además, había ordenado la clausura del osario común de dicho cementerio.
En esta zona del país, Puerto Berrío concentra el mayor número de personas dadas por desaparecidas, 943 (46%); Puerto Boyacá, 567 (27%); Puerto Triunfo, 302 (15%), Puerto Nare, 217 (10%); y Puerto Salgar, 48 (2%).
El Plan Regional de Búsqueda de la UBPD estableció que por circunstancias de desaparición el mayor número de casos corresponde a desapariciones forzadas, con 1.904 personas reportadas; y secuestro, con 168.
El Alto Tribunal también concluyó que los cuerpos hallados en el cementerio La Dolorosa no necesariamente provienen de Puerto Berrío debido a que, como se documentó, un número indeterminado llegó por el río, lo que precisa indagar a profundidad en municipios aledaños sobre la desaparición de personas.
“La desaparición forzada es también un despojo, un desnombrar, es infinito el daño de ser despojado de su propia historia de vida (…), la adopción revierte las tres muertes de este flagelo: el asesinato, la desaparición y el olvido", afirmó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección, al finalizar los actos simbólicos de carácter restaurativo que hicieron las víctimas durante la audiencia.
Las cuatro fases de intervención de la UBPD en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, en desarrollo de las medidas cautelares de la JEP, han permitido la intervención de 126 sitios de interés forense y la recuperación de 116 cuerpos. Aún quedan 237 puntos (208 bóvedas, 24 osarios individuales y cinco comunes) por verificar.