El director Ejecutivo de Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, explicó los alcances del proceso de selección abreviada del contrato 02 de 2020 mediante el cual se adjudicó al Consorcio Linktic- Muscogee Rama Judicial.
El objetivo de este contrato, cuyo monto es de $22 mil millones, es “Adquirir el licenciamiento y prestar los servicios para la implementación de la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial -SIUGJ- de la Rama Judicial de la República de Colombia”.
El funcionario explicó que en este proceso hubo “amplia participación” de empresas interesadas, pues se recibieron cerca de 180 observaciones. Además, se recibieron 318 observaciones al pliego definitivo de 21 interesados.
Finalmente, el 8 de marzo de 2021 se presentaron 5 ofertas y el 19 de ese mes marzo de 2021 fue publicado el informe de evaluación.
“Mediante Resolución No. 1049 del 16 de abril de 2021 se adjudicó el citado proceso de selección abreviada”, agrega el informe de Cuestas.
El informe señala que los recursos para el contrato vienen del Presupuesto General de la Nación, y no forman parte del mencionado Crédito del BID; se contó con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.
El Sistema definido abarcará todo el país, por jurisdicciones, especialidades y distritos y se llegara a todos los municipios. La primera fase cubre 590 despachos judiciales (10.92% de los despachos judiciales), y las especialidades (laboral y acción de tutela), se cubren despachos de juzgados, tribunales y Altas Cortes.
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“Los proyectos hacen parte del Plan Estratégico de Transformación Digital que incorporará mecanismos digitales de atención del usuario, gestión de información, gestión de datos, analítica, inteligencia artificial, comunicaciones seguras, relatorías, gestión del conocimiento, entre otras líneas de inversión que se ejecutarán en los próximos cinco años”, dice el informe.
El funcionario explicó que a pesar de los cuestionamientos, “en el proceso de contratación existen medios para controvertir las evaluaciones como lo establece la Ley”, y por ello la Entidad garantiza ese principio.
“Con el fin de blindar técnicamente las ofertas, en el proceso se requirió experiencia en soluciones que incluyeran los componentes de i) Integración de sistemas o soluciones ii) Gestión de automatización de procesos y iii) Gestión documental y de contenidos, aspectos que permiten validar una experiencia adecuada a las necesidades del sistema de justicia, sin hacerlas restrictivas a unos pocos en el mercado de tecnología”, agrega el documento.
Y concluye que el Consejo superior de la Judicatura autorizó la contratación, y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelanta los procesos contractuales (Convocatoria y adjudicación), es decir efectúa la ejecución.