Al tiempo que se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita en los próximos meses resoluciones de conclusión por los secuestros que cometieron las Farc y falsos positivos a manos de algunos uniformados del Ejército, paso previo para la imposición de las primeras sanciones por delitos en el conflicto, también está cerca de definir nuevos macrocasos de investigación para abrir por hechos como desplazamiento de población y violencia sexual.

Al respecto el día de hoy la Sala de Reconocimiento de Verdad cerrará el ciclo de audiencias públicas de observaciones de víctimas con miras a la apertura de los nuevos macrocasos.

Las audiencias se realizaron desde el 21 de febrero pasado en Medellín, San José del Guaviare, Valledupar, Cali y Villavicencio, y en ellas participaron de manera presencial y virtual más de 650 víctimas acreditadas ante la JEP.

Entre las observaciones expresadas, las víctimas pidieron abrir macrocasos específicos para crímenes como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada o la violencia sexual.

En relación con estas peticiones, los magistrados explicaron que en los nuevos macrocasos se abordarán esos hechos en función de quién haya cometido el crimen, teniendo en cuenta que varias conductas investigadas están relacionadas entre sí. Por lo tanto, “poder analizar todo este fenómeno en un solo caso le va a permitir a la Sala tener una visión más amplia de lo que ha sido el conflicto", dijo la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, en la audiencia realizada en Medellín.

La participación de las víctimas no solo se concentró en presentar sus observaciones, sino también en ampliar denuncias sobre afectaciones y hechos victimizantes que consideran deben ser tenidos en cuenta por la justicia transicional y se valieron, no solo de sus relatos orales, sino de poemas y canciones.

Los magistrados valoraron la participación de las víctimas e hicieron énfasis en la enorme tarea que se tiene por delante, considerando que estos nuevos macrocasos serán investigados en un término máximo de seis años. 

La Sala de Reconocimiento convocó a las organizaciones de víctimas acreditadas de cada región para participar en estas audiencias públicas, y a presentar sus observaciones escritas, una vez analizaron previamente más de 458 informes entregados por entidades del Estado, organizaciones sociales, de derechos humanos y organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom.

Con base en esto, la Sala aprobó tres concentraciones de investigación de los crímenes cometidos por las Farc-EP, miembros de la Fuerza Pública y crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos a nivel nacional.

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El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, indicó acerca de los nuevos macrocasos que se tiene previsto abrir este año que “comprenderán, entre otros, hechos de violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzada”.

Actuales macrocasos

En los cuatro años de vida de la JEP, tras ser creada como parte del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado con las Farc para sancionar las conductas más graves acaecidas en el conflicto armado, se abrieron siete macrocasos de investigación.

Ellos son los casos 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc; 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De igual forma, los casos 04, por la situación territorial de la región de Urabá; 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle; 06, por la victimización de miembros de la Unión Patriótica; y 07, por reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Los macrocasos que más han avanzado son el 01, por los secuestros que hizo la entonces guerrilla de las Farc de civiles y uniformados, algunos de los cuales permanecieron hasta 12 años cautivos en la selva y muchos murieron en esta condición; y el caso 03, por las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos militares a personas civiles que nada tenían que ver con grupos armados ilegales, para hacerlos aparecer como muertos en combates y así inflar las cifras de resultados operacionales.

Incluso se ha conocido por las investigaciones que hizo la Fiscalía y ahora por los testimonios de militares que se sometieron a la JEP, que algunos crímenes se ejecutaron por motivos como obtener permisos un fin de semana.