La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenasdor Álvaro Alfonso García Romero como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública.

García Romero fue condenado a 40 años de cárcel por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en tal condición se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP. Sin embargo, permanecerá recluido en la cárcel La Picota.

Con esta decisión la JEP busca conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. 

Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.

De acuerdo con la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas”. 

El plan de contribuciones parcial que presentó el exsenador incluye: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana”. 

García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos”. 

A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.