Se conocen más reacciones luego de las declaraciones del exsenador Gustavo Bolívar sobre una supuesta red de trata de mujeres y de acoso sexual que estaría operando en el Congreso de la República.

Ayer se conoció que la Comisión de Ética de la corporación abrirá una investigación de oficio para determinar la veracidad de lo dicho por Bolívar y establecer la culpabilidad de los congresistas.

“La apertura de la investigación implica que hay que escuchar en una versión al exsenador Gustavo Bolívar y del contenido de su versión, se desprendería citar primeramente a las personas que estén involucradas en el relato del exsenador e irle dando forma a lo que hay, porque según las declaraciones son senadores indeterminados”, aseguró John Jairo Roldán, presidente de esa comisión.

De igual modo se citó a Gustavo Bolívar para que rinda su declaración ante esta Comisión del Senado.

También ayer se conoció la reacción del presidente del Congreso Roy Barreras quien escribió en su cuenta de Twitter: “He solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso, como se afirmó este fin de semana, en qué periodo y quienes pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora”.

Contratos

El analista político Aurelio Suárez opinó en su cuenta de Twitter sobre el asunto y añadió que se deben investigar otros contratos del Congreso: “Senado corrupto 60 por ciento y los contratos por servicios de esclavitud sexual que denuncia Gustavo Bolívar, nada que ver con los 800 de la “aplanadora” de Roy Barreras y la administración del Senado”.

Luego agregó: ¿No es lo más indicado unir investigación de la contratación de convenios y 800 contratos en el Senado con las acusaciones de Gustavo Bolívar?

Por su parte la exfiscal Vivian Morales señaló en su columna que “lo que queda claro es que el senador no es denunciante sino testigo mudo de la violencia sexista que padecen las mujeres explotadas de quienes terminó siendo su cobarde confidente”.

“¿Cómo así, senador Bolívar, que viene usted a contarle esos delitos a una periodista y no a un fiscal de la República?”, escribió la exfiscal. “¿Cómo así, senador Bolívar, que usted se resignó, junto con las mujeres explotadas sexualmente, a que siguieran sufriendo las humillaciones porque dizque ellas podrían perder el puesto?”, agregó la exfiscal.

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Investigaciones

La Fiscalía General de la Nación había informado que fue abierta una investigación de oficio frente a las acusaciones hechas por el ciudadano Gustavo Bolívar sobre la presunta existencia de casos de trata de personas y acoso sexual al interior del Senado de la República.

La investigación se realiza sobre la base de información suministrada por el excongresista recientemente en una entrevista en un medio masivo de comunicación y a través de sus redes sociales.

De esta manera, la Fiscalía citará el próximo viernes 13 de enero al exsenador Bolívar para que amplíe sus señalamientos y entregue la información correspondiente que tenga sobre el tema, con relación a los hechos delictivos, como es su deber.

“En el mismo sentido en los próximos días también será llamada la funcionaria a la que hace mención el exsenador Gustavo Bolívar, para que suministre la información que conozca sobre el tema”, agregó el comunicado de la entidad judicial.

Al igual que la Fiscalía y la Comisión de Ética del Congreso, la Procuraduría General de la Nación había anunciado que abrirá indagación previa tras las denuncias hechas por Gustavo Bolívar.

El Ministerio Público llamará a declarar a Bolívar, que renunció a su curul el pasado 31 de diciembre, para que amplíe su versión sobre la contratación que algunos congresistas estarían haciendo por cortos periodos de tiempo, lo que les permitiría esclavizar sexualmente a quienes vinculaban de esta manera a sus equipos de trabajo y sobre las presuntas mafias de corrupción de la que harían parte legisladores.

La Entidad solicitará conocer la versión de los hechos por parte del ahora exsenador, dado que la denuncia involucra a aforados constitucionales, a los que la Procuraduría tiene el deber de vigilar en sus actuaciones para garantizar que cumplan con las funciones consagradas en la Carta Magna.​