Por una posible omisión frente a la atención que se debe brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI) de sus ciudades, con alto hacinamiento y deficiencias locativas, la Procuraduría General abrió investigación a los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar.
Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades.
Con relación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, el órgano de control abrió investigación al evidenciar que al 8 de marzo pasado los centros de detención transitorios registraban un nivel de hacinamiento del 731 %.
Respecto de la Estación de Policía Permanente Central, producto de una tutela instaurada por el Ministerio Público, se logró que se ordenara la remodelación de esa instalación, donde permanecían 372 personas en difíciles condiciones.
Al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el órgano de control le abrió investigación disciplinaria tras encontrar un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía. Además, se detectó que las personas privadas de la libertad enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas.
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En la capital de La Guajira se inició investigación contra el alcalde, José Ramiro Bermúdez. El Ministerio Público encontró en los centros de detención transitorios un hacinamiento del 242 %, pues a pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían en el lugar un total de 121 personas.
También se abrió investigación contra el alcalde de la capital del Cesar, Mello Castro, luego de evidenciar un hacinamiento del 930 % en la Estación de Policía ‘La Permanente’, donde se encontraron 558 ciudadanos, pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas.
Además, no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales.
Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a los mandatarios locales relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento.