En medio de las mil y una dificultades que vive el país, la violencia generada por los grupos armados organizados (GAO) de todo tipo parece experimentar una mutación hacia huir de la confrontación con la Fuerza Pública y otras estructuras, para ensañarse contra la población civil, según un informe publicado hace poco más de ocho días por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre ese fenómeno en los primeros cuatro meses del año.

Aclarando que no se trata de expresiones concluyentes, aunque “son elementos que son importantes tener en cuenta a la hora de analizar este tema”, Andrés Cajiao, investigador del Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, le dijo a EL NUEVO SIGLO que ese afán por evadir los combates explicaría en buena parte que se haya “venido generando una desintensificación de la confrontación armada”, tanto, como se dijo, entre los GAO y la Fuerza Pública, como también entre esos grupos.

Efectivamente, el informe de la FIP, bajo la dirección temática de Juan Carlos Garzón, precisó que “esta es una fotografía de lo que está sucediendo, aunque es pronto para señalar una tendencia. En este momento de transición, Colombia se mueve entre la permanencia y reconfiguración del conflicto armado, y la violencia del posacuerdo. Por eso, no es suficiente con señalar que el Estado no llenó los vacíos de regulación y autoridad que dejó el desarme parcial de las Farc: también hay que valorar cómo la intervención del Estado, bajo la lógica del control territorial, estaría aumentando la vulnerabilidad de los civiles, especialmente cuando el objetivo central no es su protección”.

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Sin combates

Las cifras lo que muestran es, anotó Cajiao, “una reducción tanto en los combates de la Fuerza Pública con los distintos actores armados ilegales, principalmente con el tema del Eln, que fue como un actor preponderante en la actividad armada de la Fuerza Pública, en inicios de 2020 y finales de 2019”; pero también “una reducción en los enfrentamientos o en la confrontación que se da entre los distintos grupos armados ilegales. Si bien hay zonas donde continúan presentándose disputas y confrontaciones, lo que vemos es que”, en regiones como Cauca y Catatumbo, hay “una reducción en los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales”.

En el informe se expuso cómo, “en los primeros cuatro meses del 2021, estas acciones —que incluyen ataques a la infraestructura y bienes civiles, así como hostigamientos y emboscadas— tuvieron un notable descenso. Lo registrado por el Sistema de Información de la FIP guarda relación con las denominadas ‘acciones terroristas’ que reporta el Ministerio de Defensa. Estas son acciones consideradas de bajo esfuerzo militar ya que no requieren, para su despliegue, de grandes contingentes armados ni capacidad de fuego”.

A los investigadores de la FIP les llamó la atención “que el descenso de las acciones armadas se da de manera homogénea entre los distintos grupos. Los departamentos donde esto ocurre son zonas de influencia del Eln: Norte de Santander, donde se pasó de 32 acciones armadas en el primer cuatrimestre de 2020 a 11 en el mismo periodo de 2021, y Arauca, que pasó de 16 a 8. También se dio un descenso en el Cauca, de 18 a 5 acciones”.

Sin embargo, Cajiao llamó la atención sobre que “esto no se ha traducido en una mejora en las condiciones de seguridad de la población, de las comunidades”; al contrario, “lo que vemos es que hay un aumento en el impacto o en los efectos que está generando la actividad de los grupos armados frente a la población”.

Crisis humanitaria

Citando la información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la FIP enunció cómo “las víctimas de desplazamiento pasaron de 13.000 en el primer cuatrimestre de 2020, a un poco más de 23.500 en el mismo periodo de 2021. La mayoría de los casos se presentaron en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. Mientras tanto, las víctimas de confinamiento pasaron de un poco más de 8.700 a algo más de 20.000, siendo Chocó, Nariño y Antioquia los departamentos con las cifras más altas”.

“Un asunto para destacar es que los desplazamientos y confinamientos no suelen ser consecuencia de combates y enfrentamientos abiertos y prolongados, sino que se producen por las amenazas de grupos armados ilegales y como consecuencia de hechos de violencia. En algunos casos, las comunidades se ven obligadas a restringir su movilidad ante la instalación de campos minados”, observó la FIP.

Tras recordar que, según el Ministerio de Defensa, 2020 fue el año con mayor número de víctimas de masacres desde 2012, con 162, los investigadores notaron que en los primeros cuatro meses de 2021 el número de personas asesinadas en este tipo de hechos se incrementó 70%; aclararon que “no hay un único grupo armado responsable, ni tampoco un solo patrón. Estos hechos continúan ocurriendo tanto en zonas rurales alejadas como en áreas urbanas y en municipios que, contrario a las versiones oficiales, no siempre tienen cultivos ilícitos”.

Cajiao destacó que “de alguna manera esa disminución en la confrontación de los grupos armados ilegales se ha traducido también en un endurecimiento en las formas de control hacia la población”, a través de modalidades de grave impacto humanitario como el desplazamiento forzado o el confinamiento, en no pocos casos mediante la combinación de amenazas, masacres y campos minados.

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Estrategias

Parte de la explicación va de la mano con la renuencia de los grupos a combatir, porque del otro lado parece que los GAO son tratados “como si fueran estas estructuras viejas, como si fueran ejércitos y lo que vemos es que hay como un cambio operacional en estas organizaciones”, porque, apuntó Cajiao, “son principalmente organizaciones que no tienen una capacidad armada para hacer un enfrentamiento constante o tener enfrentamientos con la Fuerza Pública” y por lo tanto tratan “de evitar a toda costa los enfrentamientos con la Fuerza Pública, esto como forma de no debilitarse o de evitar que sean debilitadas”.

“Esto se ha traducido también en que la operatividad de la Fuerza Pública se vea disminuida, porque estos grupos armados primero se han replegado hacia zonas de mayor dificultad de acceso por parte de la Fuerza Pública” y luego utilizan otras circunstancias, como pasa en la frontera con Venezuela, donde “lo que vemos es que utilizan la facilidad que existe de tránsito entre los dos países para evitar la confrontación con la Fuerza Pública”.

Podría pensarse que se requiere un replanteamiento de la estrategia, porque “esta falta de capacidad de controlar los territorios o de tener esa capacidad militar para enfrentar al Estado, también se ha traducido en un endurecimiento en las formas de control social y de control territorial”.

De igual manera, las cifras de reducción de cultivos ilícitos no parecen ir acompañadas de disminución de la violencia. “Se han reducido en algunos casos el tema de los cultivos, pero no necesariamente el ejercicio de la violencia sobre las comunidades”, sostuvo Cajiao.