El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó ayer ante la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres denuncias colectivas contra grupos armados ilegales, por el reclutamiento forzado, recurrente y sistemático de niños, niñas y adolescentes.
La primera denuncia es contra el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr). La directora de la entidad, Lina Arbeláez, pidió investigar a los responsables de reclutamiento, lesiones personales, tortura y violencia sexual, todos en persona protegida.
Con esta denuncia se busca restablecer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021.
La segunda denuncia busca esclarecer el proceso frente a los más de 1.288 casos denunciados que tiene el Eln por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde 1999 a la fecha.
“Hoy le estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación testimonios e información clave para que se investiguen estos hechos y se establezca la responsabilidad penal de los miembros de estas organizaciones que reclutaron de manera recurrente, sistemática y oficializada a cientos de niños, se los llevaron y los involucraron en un mundo que vulnera todos sus derechos”, dijo la directora General del ICBF.
La tercera denuncia, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), será radicada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Contiene material probatorio que servirá para nutrir los expedientes del llamado Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.
Por su parte, la consejera para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, confió en que los documentos sirvan para agilizar las investigaciones. “Con estos documentos buscamos que la Fiscalía determine la responsabilidad de los líderes y cabecillas de estas organizaciones; se sancione de forma ejemplarizante este delito; se garanticen los derechos que tienen las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, dijo.