Se mantiene la expectativa por lo que suceda con el proyecto Hidroituango, el más importante para el país pues debe aportar el 16% de generación eléctrica a la demanda nacional,  que se espera en 2022 comience a operar luego de más de tres años de atrasos. Sin embargo, siguen produciéndose decisiones que inciden; una de ellas: ayer la Contraloría General confirmó su fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones contra 26 personas naturales y jurídicas por las demoras y sobrecostos que se presentaron en la construcción.

A continuación, las principales decisiones que se han dado esta semana sobre este megaproyecto y las eventuales consecuencias que se pueden derivar.

1. Prórroga del contrato

Esta semana EPM y el consorcio CCC Ituango, encargado de las principales obras de este proyecto, lograron un preacuerdo para prorrogar el contrato por ocho meses. La medida busca garantizar la continuidad de los trabajos, pues el mismo vence el próximo 31 de diciembre.

CCC Ituango está entre los 26 responsables fiscales del fallo de la Contraloría General, por lo que el interrogante que surge tras ser confirmado ayer por el órgano de control, es qué pasará con la prórroga del contrato, pues esta sanción le acarrea al consorcio constructor una inhabilidad sobreviniente que le impediría continuar con el mismo.

Sin embargo, ayer el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, dio un parte de tranquilidad. “Hasta que el fallo esté ejecutoriado los contratistas tienen la obligación de seguir cumpliendo sus obligaciones en el proyecto”, dijo.

También hay que tener en cuenta que el fallo de la Contraloría pasa a control automático del Consejo de Estado, en donde demoraría unos meses la decisión de fondo.

No obstante, Quintero anunció que “en este periodo de tiempo nos vamos a sentar con ellos para analizar qué alternativas  hay disponibles. La cesión que les habíamos propuesto en su momento puede que otra vez quede sobre la mesa y sea una alternativa".

Por su parte, el vicecontralor general de la República, Julián Mauricio Ruiz, explicó que “las consecuencias de la inhabilidad y entre otras derivadas del mismo se someterán a la decisión del Consejo de Estado una vez se remita el fallo a dicha Corporación”.
 

2. Confirman fallo

La Contraloría General  de la República confirmó el fallo en segunda instancia por responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas (funcionarios y contratistas), a título de culpa grave por las demoras y sobrecostos en la construcción de la megaobra.

Se confirmó, asimismo, el monto del daño fiscal por $4,3 billones, representados en $3,1 billones por la destrucción del valor de la inversión del proyecto y $1,2 billones aproximadamente por concepto de lucro cesante.

Sin embargo, contrario a lo estimado por la primera instancia, la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría consideró que era necesario declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales, con miras a hacer efectiva la póliza todo riesgo suscrita con su contratante, explicó el Vicecontralor General de la República.

Entre los 26 responsables fiscalmente por estos hechos, de acuerdo con el fallo de la Contraloría, están los exgobernadores de Antioquia, que como tal hicieron parte de la junta directiva de Hidroituango, Sergio Fajardo, actual precandidato presidencial; y Luis Alfredo Ramos. Así como el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar.

• Le puede interesar: La venta de vivienda nueva está sin techo: llegaría a 230 mil este año

3. Nueva sanción

En la presente semana la Superintendencia Financiera impuso una multa a EPM por  $1.817.052.000 por el incumplimiento del inicio de operaciones de la hidroeléctrica el 1 de diciembre de 2018.

Esta multa se suma a la impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por $85.551.995 ya que la entidad consideró que EPM ocupó de manera irregular la fuente del río Ituango, que desemboca en el río Cauca, para instalar un sistema de bombeo sin contar con la licencia necesaria o la actualización de la ya existente.

4. Descartado desabastecimiento 

La meta que se tiene es que Hidroituango encienda sus turbinas el próximo año; sin embargo, ante la eventualidad de que no ocurra así por la serie de hechos que se han registrado en los últimos meses, el Gobierno nacional ha descartado un desabastecimiento en el suministro de energía en todo el país.

Hace unas semanas el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, dijo que “tenemos los embalses en máximos históricos, han estado por encima del 85%, niveles que no veíamos desde 1987. Sorprende que el año pasado en la pandemia tuvimos una sequía que se extendió, no se habló de desabastecimiento de energía, y este año que tenemos los embalses a tope, hay preguntas sobre esto. No hay riesgo ni para 2022 ni para la temporada de 2023”.

Agregó que “lo que el Gobierno nacional espera es que el proyecto entre para 2022, como lo ha confirmado la empresa. Es bueno contar con energía adicional para todos los colombianos, pero en caso de que se retrase el proyecto, no hay riesgo de desabastecimiento porque en este Gobierno se tomó la determinación de realizar una subasta del cargo por confiabilidad en 2019 después de la contingencia del proyecto en 2018”.

Mientras que Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, dijo que “se debe asegurar la entrada de todas las unidades lo antes posible, cualquier cosa que interfiera, que demore, que retrase este proceso, es un riesgo para el país”.

5. Coletazo político

Como se dijo, el exgobernador Sergio Fajardo está entre las 26 personas sancionadas fiscalmente por la Contraloría General por los inconvenientes que ha presentado el proyecto Hidroituango, lo que sobre el papel impactaría su aspiración presidencial para 2022, pues le genera una inhabilidad.

Sin embargo, los efectos del fallo no implican una consecuencia inmediata en la candidatura de Fajardo porque, como se dijo, la decisión de la Contraloría tiene control automático por parte del Consejo de Estado, pronunciamiento que se podría conocer, incluso, después de las elecciones presidenciales de mayo próximo.

Aun si el Consejo de Estado confirmara el fallo de la Contraloría, la eventual inhabilidad para Fajardo se levantaría en el momento en que este pagara la sanción.

El vicecontralor Julián Ruiz explicó que las 26 personas naturales y jurídicas son responsables solidarios por la sanción de $4,3 billones, "es decir que se le puede cobrar a uno la totalidad o a todos la totalidad", dijo. 

Por su parte, el precandidato Sergio Fajardo expidió un comunicado en el que señala que, “tras conocer que la Contraloría General, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por el caso Hidroituango en contra de 26 personas, de las cuales me incluyen, estudiaremos a profundidad las 2.106 páginas del mismo para tomar las decisiones legales y políticas correspondientes".

El exgobernador de Antioquia ha señalado frente a esta sanción que “tengo la tranquilidad de que obramos bien”.

También en el campo político las decisiones que adopte el alcalde Quintero frente a las consecuencias de este fallo para la continuidad de las obras en la hidroeléctrica, estarán en la mira de la oposición a su administración, en cabeza del uribismo desde el Concejo y el propio expresidente Álvaro Uribe. Pulso que también se ha visto por las determinaciones que ha tomado el Mandatario distrital en el manejo de EPM.