El coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, será el primer militar en ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales más conocidas como 'falsos positivos'.
Mejía no aceptó las imputaciones y la Sala de Reconocimiento decidió trasladar el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la cual adelanta las labores de investigación de los actos cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
De a cuerdo con el El oficial en retiro el no tenía responsabilidad o conocimiento de las ejecuciones realizadas por sus subalternos, con el fin de demostrar resultados en operaciones en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, las pruebas recolectadas indican que los integrantes de ese Batallón pactaron una alianza con los grupos paramilitares para retener y asesinar a personas que posteriormente fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
La JEP, en 2021, imputó cargos por 75 ejecuciones extrajudiciales, a varios miembros de este batallón, durante el tiempo que Mejía era el comandante.
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La acusación de la JEP señala que Mejía, junto con otros dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercer y tres soldados profesionales, tuvo responsabilidad directa con la presentación de personas ajenas al conflicto armado colombiano o algún gripo al margen de la ley como muertes en combate e importantes golpes a dichas estructuras.
"Tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial" señala la JEP y agrega que el acusado diseño como el "plan macrocriminal" que se puso en marcha para demostrar resultados operacionales en la región.
El caso en manos de la UIA podría darle hasta 20 años de prisión de ser encontrado culpable.