LUEGO de que el Gobierno Nacional tomara la decisión de romper de manera parcial el cese al fuego con disidencias de las Farc en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta; la disidencia del Estado Mayor Central (EMC-FARC) anunció que ‘devolverían’ a partidos políticos, sectores militares, dirigentes políticos o congresistas de las zonas en las que tienen control político militar durante las próximas elecciones regionales y locales de octubre.
Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO consultó con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) y la Federación Nacional de Departamentos (FND) sobre qué tantas capacidades consideran que tiene el Estado colombiano para garantizar la tranquilidad y buen desarrollo de las jornadas electorales que se avecinan tras las amenazas en cuestión.
Luis Hernando Quevedo, director ejecutivo de Confadicol sostuvo que la semana pasada, antes del comunicado de las disidencias, presentaron un documento al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con el listado de los 96 diputados que hoy se encuentran amenazados por diferentes factores, algunos con medidas de protección y otros no.
“Nos preocupa que eso está tomando vuelo en todo el país y el Gobierno no ha demostrado la capacidad para lograr garantizar un ejercicio pleno y libre. El número de diputados se incrementa porque allí no teníamos en su totalidad a los diputados del Meta, Guaviare, Amazonas, Putumayo y de los departamentos circunvecinos. Es muy grave la situación que vive el país en este momento, le estamos pidiendo al Ministro del Interior y al director de la UNP que nos reciban porque no ha sido posible un diálogo con ellos. Esperamos que el Gobierno Nacional brinde las garantías necesarias y la protección para que quienes aspiren a los diferentes cargos de elección popular puedan hacerlo libremente sin ninguna complicación”, señaló Quevedo a este Diario.
Por su parte, Edgar Alberto Polo, director ejecutivo nacional de Fenacon, afirmó que esto es un atentado contra la democracia que afecta directamente a todos los colombianos.
“Toda esta serie de elementos hace que se sensibilice un poco más esa situación de conflicto a nivel territorial, más cuando se trata de zonas donde el Gobierno aún no tiene un control total. El Gobierno sí está en una capacidad de respuesta para poder contrarrestar este tipo de acciones violentas, sin embargo, para nadie es un secreto que estas zonas a las cuales las disidencias están amenazando de manera directa nunca han estado fuera de un contexto de guerra. Esperamos que activen todos los mecanismos de las Fuerza Militares”, compartió a EL NUEVO SIGLO.
Finalmente, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos anunció que el próximo lunes tendrán una cumbre de seguridad en la que darán a conocer su postura ante la situación.
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Las reacciones del Gobierno
El ministro Luis Fernando Velasco anunció que el próximo 4 de junio se llevará a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de hacer un seguimiento y monitoreo en tiempo real a las consultas interpartidistas.
Frente a las alertas de alteración en el orden público que se han generado en algunos territorios del país, el ministro aseguró que, junto a todas las ramas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y la UNP (Unidad Nacional de Protección), se prepara un plan que le dé seguridad no solo a los candidatos, sino a los ciudadanos en general de esas zonas y todo el país.
“Una de las primeras acciones es reforzar la seguridad de los cuatro alcaldes que han tenido que abandonar las zonas para que puedan volver a despachar desde su territorio y, además, liderar el proceso electoral desde su territorio”, puntualizó.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello se pronunció sobre los ceses al fuego que anunció, en diciembre, el presidente Gustavo Petro con cuatro grupos armados.
“Una de las cosas que estamos mirando desde la Procuraduría, dentro de nuestra visión de vigilancia electoral, es que ojalá haya un análisis serio frente a esos decretos expedidos a final de año y que vencen el 30 de junio. ¡Ojalá y no se prorroguen!, para que haya tranquilidad frente a los ciudadanos, y la posibilidad fuerte de que la seguridad en nuestro país, ejercida por la Fuerza Pública, se active con presencia efectiva”, indicó.
Por último, el registrador nacional, Alexander Vega, manifestó su rotundo rechazo a las recientes amenazas emitidas por las disidencias. “Es deber de la Registraduría pronunciarse rechazando de manera categórica el comunicado que atenta contra las garantías de los comicios en curso, ponen en riesgo las condiciones de equidad del certamen electoral y amenazan el debido cumplimiento de la función de los registradores municipales y demás trabajadores de la entidad”.