Un llamado hizo el Gobierno nacional, a través de la Directiva Presidencial No. 1, a las entidades de la Rama Ejecutiva y a las exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a aplicar estándares más exigentes.
“La contratación estatal debe contribuir a repotenciar y reactivar la economía, ofrecer mercados competitivos y justos, y cerrar las brechas” en Colombia, indicó el Ejecutivo.
Lo anterior –sostuvo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez– “va en línea con los esfuerzos colectivos que requiere el país para consolidar la reactivación de la economía, fuertemente golpeada por el covid-19. En este proceso, que exige grandeza de todos los sectores políticos y sociales, es prioritario proteger los recursos públicos, su inversión, optimización y utilización de acuerdo con la ley, asegurando el bien común”.
La Directiva, firmada por el Presidente de la República, hace énfasis en que los contratos que celebren las entidades públicas deben estar orientados al interés general, en la medida en que, con la adecuada ejecución contractual, los contratistas no sólo colaboran con el logro de dichos fines, sino que también cumplen una función social.
En la directiva, además, se solicita rigurosidad en los procesos contractuales y el uso de todos los instrumentos elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, que garanticen la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos del Estado y la transparencia en la contratación.
Según el director general de la Agencia, José Andrés O’Meara Riveira, “la apropiación de buenas prácticas contractuales en las entidades estatales regidas por derecho privado generará: mayor transparencia contractual, más eficiencia administrativa, pluralidad de oferentes y optimización de recursos públicos”.