La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a través de un comunicado expresaron que la protesta pacífica es un derecho fundamental. No obstante, los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de protesta pacífica, pues violan los derechos y producen daños irreparables a la población.

Asimismo, las instituciones expresaron que los bloqueos cuando están acompañados del uso de medios ilícitos son un delito y atentan contra los derechos humanos de los colombianos, por lo que los instigadores de estos pueden estar en incursos en responsabilidad penal.

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Además, aclararon que si funcionarios públicos hacen parte de los bloqueos, podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales.

Finalmente, advierten que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley.