La solicitud que hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe para que se tumbe la decisión del juez cuarto penal de Bogotá que determinó que él ya fue imputado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal fue apoyada por el fiscal Gabriel Jaimes, investigador del caso en contra del exsenador. 

Fundamentada en una supuesta violación al derecho al debido proceso, la defensa del expresidente Uribe presentó una tutela contra la decisión del juez Cuarto Penal de Bogotá, que en noviembre del año pasado determinó que el exmandatario ya fue imputado en la Corte Suprema en la investigación que se sigue en su contra por el delito de presunto soborno de testigos y fraude procesal.

El abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe, dijo que el juez "desbordó su competencia" para decidir sobre asuntos que, según él, solo podían ser definidos por la Fiscalía General. También, por definir asuntos que no hacían parte del objeto de la audiencia, pues para la defensa en esa diligencia únicamente el juez se debió haber pronunciado sobre la libertad del expresidente.

En ese sentido, Jaimes dijo que desde que la Fiscalía asumió el caso después de que la Corte perdiera la competencia del mismo, el ente acusador ha considerado que este caso debía estar en la ley 906 de 2004, es decir, el curso de la actuación contra Uribe "depende fundamentalmente del impulso procesal que imprima la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal". 

Por lo tanto, el fiscal defendió los argumentos de Granados al considerar que se le están vulnerando sus derechos a Uribe puesto que, según la ley mencionada, una imputación es un acto mediante el cual la Fiscalía comunica a una persona su calidad de imputado ante un juez de control de garantías.