Mientras que todo el país exige a las Farc que digan la verdad y confirmen sus delitos, impactó esta semana ver a militares señalados por ‘falsos positivos’ en la región del Catatumbo, reconociendo su responsabilidad en los crímenes de campesinos que hicieron pasar por subversivos muertos en combate.

Durante los días martes y miércoles pasados en Ocaña (Norte de Santander), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento por parte de 10 miembros del Ejército que hace meses fueron imputados dentro del caso 03, conocido como el de 'falsos positivos'. 

Entre los uniformados que reconocieron su responsabilidad hay un general y cuatro coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo. 

La JEP considera que estos uniformados tuvieron una participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, para así aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar.

La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil. 

Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son el brigadier general (r) Paulino Coronado, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander (Bisan) de Ocaña; el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro, excomandante del Bisan. 

Por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del Bisan; al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. 

Las confesiones 

El general Paulino Coronado reconoció que tiene responsabilidad en estos hechos por omisión. 

Indicó durante la audiencia  que “acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”. 

Agregó el general (r) que “reconozco que he debido revisar con mayor detenimiento los informes de los comandantes de batallón, entendiendo que podían ser inducidos al crimen mediante los reiterados mensajes de los comandos superiores, que a manera de exigencia les presionaban por bajas y llevaban a la competencia entre unidades. Funesta intención que no compartía y que no aplicaba. Fallé al no haber implementado la estructura de contrainteligencia que me permitiera detectar irregularidades en el proceder de las tropas”. 

Por su parte, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo dijo que esto ocurrió “en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el Comando del Ejército en esa época al mando, el general Mario Montoya, y del Comando de la Segunda División, que se encontraba al mando del mayor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz”. 

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Agregó que “(…) Los receptores directos e indirectos de mis presiones fueron comprendiendo y aceptando como política de la brigada incrementar sus estadísticas en materia de muertes en combate y aceptar como finalidad el aparato criminal, producirlas a como diera lugar, incluyendo por supuesto la comisión de muertes extrajudiciales”. 

A su turno, el coronel (r) Rubén Darío Castro dijo que “vengo a reconocer que, siendo jefe de Estado mayor de la brigada móvil, existía una banda criminal al interior de la brigada de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié ni investigué, la cual fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como fuera lugar. Esto, de acuerdo a las políticas del comandante del Ejército. La exigencia siempre fue repetitiva y en los diferentes escalones del mando”. 

Mientras que el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo señaló que “estos no son excesos de fuerza, claramente son asesinatos. Frente a esto, y como les dije, no es la manera de excusa, jamás supe, como comandante de batallón, que había una banda que reclutaba personas inocentes y las traían engañadas aquí. Nunca lo supe y lo he dicho y lo sigo sustentando: jamás supe que trajeran una persona inocente, engañada, para ser asesinada“. 

En tanto que el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón fue enfático en que los ciudadanos asesinados “no eran personas delincuentes ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Por el contrario, eran personas de bien”. 

Reveló que  “dentro de mi rol, lo que tenía que cumplir como oficial de operaciones era plasmar los documentos que sirvieran de legalidad y le dieran esos visos de legalidad a esas falsas operaciones y que mostraran ante los demás entes de control, como la Fiscalía, que había sido una operación real”. 

Mientras que el sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz entregó detalles de cuatro asesinatos a manos de los uniformados en la región del Catatumbo. 

Uno de estos fue el crimen del joven Luis Antonio Sánchez Guerrero. “Se tomaron determinaciones y coordinaciones con el coronel Rincón Amado… lo sabía también mi coronel Herrera Fajardo… mi mayor Rivera Jácome, para hacer el procedimiento de sacar a este joven y asesinarlo brutalmente y presentarlo como baja en combate”, aseguró Urbano Muñoz. 

Uno de los testimonios más crudos fue del sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien dijo que “mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento, para algunos de ustedes, una máquina de muerte. Hoy acepto ante ustedes y ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, una función, con el pretexto de dar resultados operaciones haciéndoles creer que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes”. 

Exsecretariado de Farc 

Durante el 31 mayo, el 2 y el 6 de junio próximo, la JEP realizará la primera audiencia de reconocimiento de exintegrantes del Secretariado de las Farc por su responsabilidad en secuestro. 

La Sala les imputó a ocho excomandantes de la entonces guerrilla los delitos de crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.