La muerte de un niño de año y nueve meses, perteneciente a la comunidad Embera que se tomó desde hace dos meses el Parque Nacional en Bogotá, volvió a despertar las acusaciones entre el Gobierno distrital y los indígenas.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo que desde el 18 de noviembre se sabía de la situación del niño, pero sus padres no permitieron que se le atendiera.

El funcionario sostuvo que “el menor de edad estaba en condiciones de vulnerabilidad, dadas las situaciones conocidas en el Parque Nacional. Aunque desde el 18 de noviembre los líderes de este grupo no permitían presencia de la Secretaría Distrital de Salud en este lugar, la entidad dispuso de ambulancia las 24 horas y equipos de monitoreo”.

Respecto a la atención del menor, Gómez dijo que “la tripulación de la ambulancia presente fue alertada del caso de este niño, quien al ser atendido se encontró en paro cardiorrespiratorio; de inmediato fue remitido al Hospital San Ignacio. Aunque el equipo de urgencias de este centro médico realizó las respectivas labores de reanimación por cerca de una hora, finalmente el niño falleció. Este hecho nos genera el más enorme dolor como personal de salud y gobierno distrital; lamentamos profundamente la pérdida de esta vida”.

Señaló la Secretaría de Salud que “hace cinco semanas las autoridades del Distrito propusieron que se realizara el traslado de esta población a la sede de La Florida, ubicada a las afueras de la ciudad, la cual cuenta con baterías sanitarias, así como las condiciones higiénicas y de infraestructura necesarias para permanecer y pernoctar de manera más adecuada, en especial para niñas y niños”.

Reubicación

Frente a esta situación, la dependencia de la Alcaldía dijo que “desde el Distrito esperamos una posición más propositiva y de conciliación por parte de la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, así como de las autoridades de la comunidad Embera, para lograr la reubicación de estas personas en la sede de La Florida y garantizar las condiciones necesarias para que puedan tener un retorno seguro a su territorio. Hacemos el llamado a las partes para que acepten esta solución y hoy mismo podamos trasladar a estas personas, para que puedan mejorar su bienestar y prevenir cualquier complicación en su salud”.

Por su parte María Violet, vocera del campamento indígena, dijo que el menor estaba solo en compañía de su madre y desde hace varios días había presentado cuadro de virosis y una enfermedad en el hígado. Había recibido atención médica antes, pero este domingo se agravó y falleció.

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“Desde el día uno hemos solicitado a gritos una brigada de salud permanente, porque es un tema de vida, de salud. Es muy lamentable lo que nos pasa, no sé cuántos niños más tendremos que enterrar, cuántos abuelos, mujeres o cuántos partos naturales más tienen que atender las parteras acá para que el distrito reaccione y entienda que esto es un tema humanitario”, afirmó la vocera Embera.

Atención

El menor, según dijo, había recibido atención médica por el cuadro de diarrea. Sus padres habían llegado a la capital desde sus territorios, no contaban con afiliación a EPS, pero habían logrado obtener el servicio de salud para el menor.

Sobre María Violet, la vocera de los indígenas, la Secretaría de Gobierno la acusó de influir para no levantar la presencia de los Embera en el Parque Nacional, “porque los voceros políticos de esta comunidad (que no son Embera) solicitaron esos contratos de prestación de servicios con el Distrito; listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más. En ese mismo correo exigieron el dinero para las cuatro ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones”.

Asimismo, el pasado 18 de noviembre, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, había denunciado ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que están en el Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores, teniendo en cuenta que desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación ilegal, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido tres partos en condiciones precarias.