El embargo de una casa avaluada en $1.000 millones ubicada en un condominio de Cali fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación que se adelanta contra el general (r) Jorge Horacio Romero, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, por presuntas irregularidades en contratación.
“Los supuestos hechos de corrupción que se le atribuyen al ex oficial ocurrieron entre 2016 y 2017, mientras se desempeñó como comandante de la citada unidad. Las investigaciones dan cuenta de que habría recibido dádivas por la adjudicación de varios contratos o convenios para cubrir diversas necesidades de las instalaciones o mantenimiento de los vehículos militares”, indicó el ente acusador.
#ATENCIÓN | #Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio a inmueble, avaluado en cerca de mil millones de pesos, que pertenecería al brigadier general en retiro Jorge Horacio Romero Pinzón, investigado por presuntas irregularidades en contratación. pic.twitter.com/ouJErhWSnG
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 22, 2021
En ese orden de ideas, la vivienda que entrará a la investigaciones ya se encuentra bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad del Gobierno que se encarga de administrar los bienes ocupados bajo extinción de dominio.
Romero Pinzón es señalado por presuntamente haber permitido el uso indebido, en febrero y marzo de 2016, del combustible destinado a la brigada para garantizar la movilidad de los vehículos que prestaban los servicios a la Cuarta Brigada.
Al parecer existieron consumos exagerados que no correspondían a los kilómetros recorridos, hecho que según la Procuraduría sabía el brigadier y que, a pesar de ello, de manera libre y voluntaria habría decidido no realizar labores para que cesara la conducta o impedir que ocurriera.
Además, el ex general Romero es acusado de supuestamente omitir la posibilidad de denunciar el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe máximo de esa unidad militar, lo cuál afectó el patrimonio público y respeto que infundía a sus subalternos.
Por lo tanto, según la Fiscalía, los delitos en los que Romero incurrió son cohecho propio, peculado por aprobación, concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
“El general Romero Pinzón valiéndose de su cargo de comandante de Brigada ordenó a sus subalternos adjudicar contratos a aquellos contratistas que le generaban beneficios económicos”, explicó el ente acusador en el escrito de acusación.