Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), Luz Amanda Camacho Sánchez, como posible responsable de los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica y daños en los recursos naturales.
En 2018, la exfuncionaria dispuso de un predio denominado Buenos Aires, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, para el manejo de residuos sólidos y tratamiento de líquidos, con alternativas de aprovechamiento. Con esta decisión buscaba contrarrestar una contingencia que se presentaba en el relleno sanitario de Doña Juana.
“El material de prueba recaudado por el CTI de la Fiscalía da cuenta de que el terreno utilizado hace parte de la ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del río Tunjuelito, un área de especial protección ecológica que se habría utilizado durante algo más de tres años”, indicó el ente investigador.
Adicionalmente, se constató que el predio Buenos Aires fue usado durante algo más de tres años, por lo que generó procesos sancionatorios, en primera mediada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y otras autoridades ambientales.
La audiencia de imputación se realizará durante febrero, ante el juzgado penal de control de garantías que disponga la Judicatura mediante reparto.
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La Personería
Por su parte, la Personería de Bogotá profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de la exdirectora de la Uaesp por su presunta omisión e incumplimiento en la ejecución del contrato de concesión N.º 415 de 2021, correspondiente a la prestación del servicio funerario de la ciudad.
Esta investigación se suma a la suspensión por el término de tres meses sin derecho a remuneración a Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno, subdirectora de servicios funerarios y alumbrado público, mientras se adelanta investigación disciplinaria en el marco de la denuncia de posibles actos de corrupción al interior de la entidad.
El órgano de control distrital, a través de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II, investiga presuntas irregularidades en la administración y operación de los cuatro cementerios distritales entregados en concesión a través del mencionado contrato.
Entre los hechos sujetos de investigación se encuentra la no habilitación de cuatro salas de velación y el laboratorio de tanatopraxia del cementerio Parque Serafín. Asimismo, el mantenimiento de hornos crematorios del cementerio norte, requeridos para la prestación del servicio de destino final (cremación, inhumación y exhumación).
Medidas
La problemática más reciente tuvo lugar en los últimos días, cuando la Secretaría de Ambiente realizó la imposición de tres medidas preventivas de suspensión de actividades a tres hornos crematorios, dos en el Cementerio del Norte y uno en el Cementerio del Sur, por incumplir la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas.
"La Secretaría de Ambiente ha impuesto una medida preventiva de suspensión de actividades a tres de los seis hornos crematorios que hay en los cementerios públicos de Bogotá. Después de cumplir con las rigurosas mediciones y pruebas que exige la norma nacional, se ha tomado la decisión de suspender las actividades en un horno del Cementerio del Sur, y en dos hornos del Cementerio del Norte, que superaban los límites permisibles de emisiones atmosféricas", indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
Ante la medida de suspensión, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) señaló que es obligación del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS el mantenimiento y óptimo funcionamiento de los seis hornos crematorios públicos, ubicados en los Cementerios Distritales Norte, Sur y Parque Serafín. Así lo establece el contrato de concesión 415- 2021.
No obstante, el concesionario asevera que los hornos sellados por la Secretaría de Ambiente no prestan servicio desde noviembre del año 2022 por labores de mantenimiento.
La Personería de Bogotá fue enfática en reafirmar que la prestación de los servicios en los cementerios distritales es un servicio público que de ninguna manera exime a las autoridades competentes, en este caso a la Uaesp, de su obligación permanente de regulación, control y vigilancia.