La apelación a la decisión que le otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe tras poco más de dos meses de estar cobijado por una medida de aseguramiento domiciliaria será definida este viernes a las 8:30 de la mañana en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.
Uribe es procesado por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el 10 de octubre la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, decretó la libertad de Uribe argumentando que no puede haber privación de la libertad sin una imputación de cargos, acogiendo la tesis de la defensa, acompañada por la Procuraduría y la Fiscalía, que "no es posible ni constitucionalmente admisible equiparar indagatoria a imputación", en virtud del cambio del marco judicial que rige el proceso, que pasó de la Ley 600 de 2000 –el que empleó la Corte– a la 906 de 2004 que rige el Sistema Penal Acusatorio.
El penalista Jaime Granados, apoderado de Uribe, alegó que el exmandatario debía recuperar la libertad ya que no había equivalencia entre la imputación a la indagatoria, insistiendo en que cuando entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio se le quitó la facultad a un solo ente judicial de investigar y, posteriormente, condenar procesos vigentes en la Ley 600 de la Corte Suprema de Justicia.
En esa misma audiencia virtual, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, manifestó que si bien respeta la decisión de la justicia, no la comparte y por ello la iba a apelar, lo que efectivamente hizo en compañía de quienes comparten con él la calidad de víctimas dentro del proceso, es decir el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Fernando Perdomo, considerando que la libertad concedida al exmandatario implica un retroceso para los avances de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según Cepeda, fue evidente la parcialidad del fiscal Gabriel Jaimes en la decisión "y sobre todo nos parece muy grave que el fiscal haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso".
Cadena
De otra parte, el viernes en audiencia virtual la Fiscalía formalizó la acusación a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar en un proceso que está relacionado con el que se le adelanta al expresidente Uribe, es decir con la presunta manipulación de testigos en un proceso que se seguía en la Corte Suprema de Justicia.
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que los dos profesionales deberán responder en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En la audiencia virtual ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, la Fiscalía respaldó su acusación con abundante material probatorio, como soportes de giros y consignaciones; y varios testimonios, entre ellos, los de dos personas privadas de la libertad y condenadas por paramilitarismo.
Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, señaló que, en julio de 2017, Cadena lo visitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca) y le habría ofrecido $200 millones y asesoría jurídica para cambiar la versión que entregó contra un aforado político.
Por su parte, Juan Guillermo Monsalve reveló que se reunió con uno de los hoy procesados en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota, en febrero de 2018. Durante el encuentro, al parecer, uno de los abogados le pidió modificar los señalamientos que hizo en un caso que indagaba la Corte Suprema de Justicia, a cambio de asesoría jurídica, la presentación de una acción de revisión de la condena en su contra y la realización de trámites para su incorporación a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
“Diego Javier Cadena y Juan José Salazar son coautores de esta conducta punible. Mediante la división de trabajo realizaron un aporte importante en provecho de un tercero: solicitud de cartas con falsos señalamientos dirigidos a la honorable Corte Suprema de Justicia con el fin de beneficiar al aforado por las investigaciones que se adelantaba en su contra. Entregando para ello, al señor Carlos Vélez la suma de $48 millones, y al señor Juan Guillermo Monsalve ofrecimientos jurídicos”, señaló el fiscal del caso.
El abogado Cadena está cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por disposición de un juez de control de garantías.