En medio de la rendición de cuentas que realizó la Contraloría General de la República (CGR), en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el ente de control destacó que la mejor opción del Gobierno es monetizar los bienes que tiene la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Con los bienes inmuebles se están beneficiando particulares y no el Estado. Lo mejor es monetizarlos porque, a la larga, tenerlos se convierte en un problema”, sostuvo Rodríguez Becerra.

Cabe destacar que en los próximos días se le entregará al presidente de la República, Gustavo Petro, la primera parte del inventario de los bienes a cargo de la SAE y el actual estado de su administración. 

Rastreo

La Contraloría General, a través de las herramientas tecnológicas de la Diari, logró rastrear y encontrar 1.638 predios con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE. 

Aunque están pendientes por revisar aún cerca de 4.000 registros, que aportarán luces sobre esos inmuebles sin administración, la Diari halló que hay 1.110 predios ubicados en Bogotá con un valor catastral (2002) de $54.369 millones.  

Otros datos de interés que arrojó este informe es que de cada 100 predios a los que se les define situación jurídica, más del 50 % termina en devolución (improcedencia) y al otro 50 % se le realiza extinción de dominio.  

Así mismo, hay 6.634 predios con medida cautelar de extinción de dominio, 2.465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado).   

La CGR hace un seguimiento permanente a este inventario y “le hace un llamado a la SAE para que monetice los bienes a su cargo e invierta esos recursos”.

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Patrimonio público

Por otra parte, durante la rendición de cuentas el contralor afirmó que la CGR abrió un proceso de responsabilidad de fiscal por la existencia de un posible daño al patrimonio público en cuantía estimada de US$609 millones, por las presuntas irregularidades que se presentaron en inversiones efectuadas por Ecopetrol en el Perú, al vender en 2021 la propiedad accionaria que tenía en la sociedad Offshorte International Group (OIG) por mucho menos de lo que pagó al adquirirla a finales de 2008. 

Como presuntos responsables fiscales fueron vinculadas seis personas, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de OIG: Nelson Navarrete Hernández, María Victoria Riaño Salgar, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Héctor Manosalva Rojas y Mauricio Ramírez Terrassa. 

Cabe recordar que en mayo de este año el ente de control ya había advertido de este posible daño al patrimonio público. En su momento la Contraloría sostuvo: “Al seguir la pista a esta inversión, en una indagación preliminar, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció inicialmente indicios claros de que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más, la empresa que compró nunca le generó utilidades”. 

La Indagación Preliminar resalta como una empresa por la que Ecopetrol había pagado más de US$640 millones para adquirirla, ahora es vendida por menos del 5% de lo que pagó al momento de la compra. 

Por lo anterior, la Contraloría ha decidió abrir investigación fiscal a las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio, en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$600 millones.