La Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Aerocivil por las obras inconclusas del lado aire del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, que incluyen la pista, franjas de seguridad, drenajes, etc.), y por el riesgo de pérdida de los casi $41.000 millones de recursos públicos que ya se pagaron al contratista de obra, el Consorcio Infraestructura Riohacha.
El organismo de control alertó también sobre la deficiente estructuración, ejecución, interventoría y supervisión de estas obras, que tuvieron un valor inicial de $ 38.376 millones (sin incluir el valor de interventoría) y que, según el primer contratista de obra y la primera Interventoría de este proyecto, podrían tener un valor final aproximado de $ 61.500 millones (un 60,35% más).
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió a la Aerocivil para que gestione lo necesario y suficiente para garantizar que todas las obras inconclusas previstas en el objeto del Contrato de Obra Pública No 19001312 H4-2019, que terminó por plazo vencido el pasado 19 de noviembre 2022, sean prontamente reiniciadas y adecuadamente finalizadas, de forma que se evite el actual riesgo de deterioro y/o pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas al contratista de obra y se garantice la plena funcionalidad y seguridad de la pista de este importante aeropuerto, fundamental para la adecuada conectividad aérea de Riohacha.
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Rodríguez Becerra presentó en la capital de La Guajira los resultados de una Auditoría de Cumplimiento a la Aeronáutica Civil terminada recientemente, donde se revisó y evaluó la ejecución de los contratos de obra pública Nro. 19001312 H4 de 2019 y 19001458 H3 de 2019, y de los recursos públicos asignados en la vigencia 2021 para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y a la navegación aérea del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.
Esta auditoría estableció 8 hallazgos administrativos, 3 de ellos con posible incidencia fiscal por valor total de $29.060 millones, 7 con presunta connotación disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal (por modificación del objeto contractual).