A quince días de que concluya el año, la legislatura del 2021 del cabildo distrital aprobó 36 Acuerdos (hay un último que ya surtió todo el trámite correspondiente pero le falta la sanción de la Alcaldesa) y hay otros 15 en proceso. También adelantó cuatro resoluciones y realizó el debate de control político a 164 proposiciones (45 en la comisión del Plan, 24 en la comisión de Gobierno y 95 en la comisión de Hacienda).

Sin embargo, el gran lunar y que ya le está pasando factura de cobro a esta corporación, fue que se vencieran los tiempos para tramitar, vía acuerdo, los proyectos de primordial relevancia para la ciudad como el Plan de Ordenamiento Territorial y el Presupuesto del año entrante.

Ambos proyectos de Acuerdo no lograron pasar de las respectivas comisiones del Plan y de Hacienda y, al final, los 15 concejales de cada una de estas células legislativas no tuvieron la posibilidad de votar a favor, en contra o de abstenerse. Los tiempos se dilataron y se siguieron dilatando, al punto que en el día 89 para que se surtiera el trámite, un día antes de que se vencieran los tiempos, llegaron dos nuevas recusaciones.

Hay que hacer la salvedad de que el Cabildo Distrital no logró llevar a buen puerto estos dos acuerdos de ciudad en parte por un ajedrez de impedimentos, recusaciones y tutelas que el Concejo no puede ignorar y al que, como bien hizo en referirlo la concejal verde Lucía Bastidas, “nosotros tenemos la obligación de darles trámite”.

Esto también resultó como resultó porque la Administración Distrital mostró el afán a la hora de radicar tanto el POT como el Presupuesto y ambos proyectos terminaron yuxtaponiéndose en los tiempos.

Como una muestra insoslayable de que del afán no queda sino el cansancio, la forma en la que se desarrolló la agenda terminó dándole la razón a concejales como Carlos Carrillo, que desde un comienzo advirtieron que los tiempos estarían demasiado estrechos y que su trámite se terminaría haciendo a las carreras.

Un tercer factor que no se puede sacar del panorama es que los retrasos también se derivaron de acciones propias de la Alianza Verde y de la Administración Distrital. Uno de ellos estuvo relacionado con la decisión que tomó la Alianza Verde de aplicar la Ley de bancadas (Ley 974 de 2005), propuesta del concejal Julián Rodríguez Sastoque y que se materializó el pasado 9 de noviembre. Y la otra estuvo relacionada con el anuncio que hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, un día antes de que arrancara la votación, en el que indicó que denunciaría penalmente, por injuria y calumnia, al concejal Martín Rivera.

Eso fue el 22 de noviembre y, ante dicho anuncio, un día más tarde fue suspendida la votación del POT por un nuevo impedimento del concejal Rivera.

Renovar el reglamento

Y en una cuarta medida, estos dos lunares también fueron el resultado de un reglamento del Concejo de Bogotá supremamente frágil al saboteo, pero que ya está en el tapete de la opinión pública que debe ser modificado a la mayor brevedad posible para evitar futuras dilaciones como las que padeció el Plan de Ordenamiento Territorial, a raíz de impedimentos presentados por cualquier ciudadano.

A este respecto, vale mencionar que, la primera meta que se trazó el nuevo presidente del Concejo de Bogotá para la legislatura del 2022, el concejal liberal Samir Abisambra, es la de reformar el reglamento.

No obstante, el concejal de Colombia Justa y Libres Emel Rojas le aclaró a EL NUEVO SIGLO que así el Concejo modifique su reglamento, lo que incidirá positivamente sobre el desarrollo de algunos trámites, el tema puntual de impedimentos y recusaciones está en la ley “y nosotros no podemos interpretar ese trámite”.

“El reglamento interno tiene como base dos normas: la 1421, de la mano de la Ley 136 que es la Ley de Municipios. Nosotros podemos modificar el reglamento interno, que es como yo debo funcionar, pero puntualmente las recusaciones y su respectivo trámite no es del reglamento interno. Es del Código contencioso administrativo, así que en ese tema puntual, así yo modifique el reglamento, eso no lo podemos cambiar nosotros”, le explicó a este diario el concejal Rojas, quien puntualizó a este respecto: “El POT se hundió por los trámites que tiene el Contencioso administrativo”.

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Lo que se aprobó

Pero sea de la manera que sea, el Concejo es la corporación en donde este documento tenía que tramitarse en franco y democrático debate, y que no fuera así pesará sobre el cabildo que, dicho sea de paso, este año aprobó dos importantes proyectos de ciudad y otros tantos que resuelven y atienden problemáticas propias de la ciudadanía capitalina.

Hay que recordar que tras un proceso de votación largo, álgido y hasta cierto punto desgastante, el 19 de agosto, pasadas las 10 de la noche, con 26 votos por el sí y 11 por el no fue aprobado en la plenaria el rescate social que incluyó un salvavidas a Transmilenio por 1,1 billones de pesos.

Aunque este monto fue específicamente para permitir que el sistema de transporte masivo continuara operando, se convirtió en una manzana de la discordia que hizo que varios concejales votaran negativamente este proyecto; sin embargo, fue aprobado vía acuerdo y contó con toda la deliberación del caso.

El otro proyecto de mayor relevancia para la ciudad que acaba de ser aprobado, más específicamente el jueves de la semana pasada, fue el proyecto de Acuerdo 512 de 2021, “por medio del cual se establecen los factores de subsidio y de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2022-2026”.

Este proyecto fue aprobado con 36 votos a favor, pero algunos concejales precisaron que el agendamiento de su trámite fue uno de los factores que retrasó que se pudieran debatir tanto el presupuesto como el Plan de Ordenamiento Territorial. 

“Cuando estábamos definiendo la agenda de qué agendar y que incluía el POT, la presidenta dijo que no se podía porque había que priorizar el presupuesto por el tema de los subsidios, pero eso no era cierto. Ya había un proyecto radicado, salvavidas que le da el concejal Óscar Ramírez Vahos a la Administración, para poder procesarlo y mira, nos demoramos dos días. Esto fue utilizado como una maniobra de manejo de la agenda cuando estábamos listos para votar el POT y había clima político para hundirlo”, sostuvo la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad. 

Esta legislatura también aprobó proyectos tales como el 829, que estableció lineamientos y estrategias de alimentación saludable en las tiendas escolares saludables. El 828, que estableció el diseño y la evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual. Y también el 819, para fomentar el emprendimiento de empresas con manos de mujer.

Para los animalistas, este año también se aprobó el proyecto de Acuerdo 826 por medio del cual se desincentivan las riñas de gallos en el distrito capital; el Acuerdo de ciudad 814 que reconoce, fortalece y apoya la labor de las cuidadoras, los hogares de paso de animales domésticos rescatados en el Distrito Capital. Y el Acuerdo 801, mediante el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado.

En materia ambiental este año se aprobó el Acuerdo 811 por medio del cual se impulsan acciones para enfrentar la emergencia climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización en Bogotá, y hubo otro, el 808, mediante el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del distrito capital.

En materia de movilidad, el Acuerdo 827 que se aprobó promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras de infraestructura en la ciudad.

Y también está el 804, por medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte prioritario en Bogotá, y el 794, para establecer lineamientos para incentivar la oferta gratuita del estacionamiento de bicicletas, entre otros.