Un libro institucional escrito con el lenguaje de la calle. Nueva entrega de la alianza de EL NUEVO SIGLO y Procuraduría General 

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¿Es posible que un ciudadano del común, aquel que monta en bus, que madruga a abrir su negocio o que labra la tierra, pueda ejercer con plenitud sus derechos si no comprende las normas, sentencias y otros documentos que emiten las entidades públicas?

Definitivamente no. Los documentos públicos saturados de tecnicismos, vocablos extranjeros -especialmente del latín en los casos jurídicos-, metáforas complejas y estructuras narrativas indescifrables dificultan el ejercicio real de la democracia; excluyen y agreden al ciudadano. De poco o nada sirve garantizar el derecho a acceder a los documentos públicos, como lo establece la Constitución del 91, si esos escritos resultan impenetrables para el parroquiano que aspira a defender sus derechos.

Reflexiones como estas llevaron a la Procuraduría General de la Nación a pensar en una publicación dirigida al ciudadano común y corriente: el indígena que lucha contra la minería ilegal y la tala indiscriminada de los bosques; el vecino indignado por las irregularidades en la prestación del servicio de salud, el líder social amenazado y estigmatizado por sectores empecinados en la violencia, o el estudiante víctima de abusos en el programa de alimentación escolar.

Así comenzó a gestarse la idea de escribir una serie de relatos en un estilo “simple y cristalino, como arroyo de campo”, tal como lo recomienda Truman Capote para los textos periodísticos. A esa forma de escribir se la denomina el estilo periodístico y se caracteriza por la sencillez, claridad y precisión del lenguaje, cualidades que le permiten llegar a amplias capas de la sociedad. Es decir, se trata de una forma de comunicación incluyente, aspecto que constituye un valioso activo en el ejercicio de la democracia.

Con estas consideraciones se editó “El Poder de la ciudadanía”, un libro de veinte relatos que la Procuraduría General de la Nación lanzó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2019), bajo el sello del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

“El poder de la ciudadanía” refleja a esta Procuraduría Ciudadana. Es la construcción colectiva de un Ministerio Público que, fiel a los mandatos de la Constitución, actúa como vocero de la sociedad en la realización de derechos y la consolidación de la ética pública”, dijo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, durante el acto de lanzamiento.

El objetivo

En ese sentido, este libro busca llegar a los expertos y académicos, pero, también, a aquel colombiano que constituye la mayoría no ilustrada del país. Al fin de cuentas, esa entidad -como reza su lema- se ha propuesto trabajar con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios.

Este objetivo cobra mayor importancia en una nación como la nuestra, afectada por desigualdades, precaria infraestructura educativa y conflictos internos. Un informe divulgado en el 2018 por diferentes medios periodísticos señalaba que “el 62 por ciento de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior y el 40 por ciento de los niños y niñas que no asisten al colegio habitan en zonas de conflicto armado”.

Ante este panorama es trascendental tender puentes instituciones-ciudadanía mediante el uso de un lenguaje que llegue a todos. Si el Estado no es capaz de garantizar la educación superior a estos ciudadanos, al menos debe asegurarse de entregarles información comprensible y útil: datos, antecedentes y contextos que les permitan defender sus derechos en el complejo entramado institucional. Es decir, que los ciudadanos de esos lugares lejanos reconozcan en estas veinte crónicas y reportajes a una Procuraduría que habla como ellos.

En los últimos años se ha extendido en las oficinas públicas de diferentes países una preocupación por acercarse al ciudadano. Un ejemplo de este propósito es el convenio suscrito el 26 de noviembre de 2014, entre la Real Academia Española (RAE) y el Consejo General del Poder Judicial de ese país, para dotar a la justicia española de un “Libro de estilo de la Justicia” y de un “Diccionario del español jurídico”.

Los dos ya están en circulación. El “Libro de estilo de la Justicia” aconseja sobre las maneras de librar al derecho “de algunas adherencias históricas y expresiones que no resultan fácilmente comprensibles y que pueden sustituirse por construcciones lingüísticas más modernas y accesibles”.

En el prólogo de esta obra, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, señala, refiriéndose a la abundante producción jurídica de España: “El ciudadano es el protagonista de la mayoría de las decisiones que se adoptan en el mundo jurídico, por lo que una sociedad avanzada, capaz de generar tan ingente cantidad de documentación, debe saber garantizar, al mismo tiempo, una comunicación fluida con el consumidor de la justicia”.

En el caso colombiano, es loable la preocupación de la Procuraduría General de la Nación de tender puentes lingüísticos hacia el país de a pie. Desde esa perspectiva, “El poder de la ciudadanía” marca un hito en la historia del Ministerio Público, ya que en “lenguaje de la calle”, como lo definió uno de sus lectores, les explica a los ciudadanos los detalles y sus actuaciones en casos relevantes como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el abuso y la explotación sexual y los planes de ordenamiento territorial.

En las páginas de “El poder de la ciudadanía” son visibles los habitantes de Pijao, Quindío, que siguen aferrados a sus potenciales turísticos a pesar de los riesgos de una avenida torrencial; el pensamiento de Temístocles Machado, el líder afro de Buenaventura, asesinado en enero del 2018, por reclamar su tierra y la de su comunidad; la presencia de Óscar Montero de la Rosa, líder Kankuamo de la Sierra Nevada a quien los paramilitares le asesinaron a su padre cuando tenía 15 años y él, como hijo mayor, heredó el derecho y obligación de continuar la lucha por la defensa del territorio. En otra historia se perciben los hierros oxidados, la maquinaria pudriéndose al sol y al agua y las obras inconclusas del tramo II de la Ruta del Sol. También se cuenta cómo los investigadores de la Procuraduría General rescataron de una bodega de reciclaje de Montería, donde estaban a punto de ser destruidos, algunos bultos repletos de facturas y documentos que probaban el robo de los recursos destinados a los enfermos de Sida en Córdoba.

En fin, para los colombianos que desconocen cómo, cuándo y por qué actúa el Ministerio Público, este libro constituye una poderosa herramienta para adentrarse, con un lenguaje sencillo, en la institución que los representa en la defensa de sus derechos y en la generación de una ética pública.

*Periodista y catedrático de la Universidad del Rosario. Editor de “El poder de la ciudadanía”.