Ayer se llevó a cabo un debate de control político organizado por el concejal de Cambio Radical, Rolando González, a la empresa prestadora del servicio de gas Vanti, por los abusos que vienen denunciando los comerciantes de Bogotá.
“Este debate surge de los recorridos que he venido haciendo, en los cuales varios comerciantes me han manifestado una queja reiterada por los exagerados cobros del servicio y que evidencia un abuso de posición dominante”, dijo ayer en el marco del debate el cabildante González.
En una primera medida, de acuerdo con las cifras dadas por el concejal, entre enero de 2020 y marzo de 2021 los usuarios presentaron más de 122.000 reclamaciones en contra de la empresa Vanti.
De esta cifra, el 83% (102.912) de las reclamaciones fueron por inconformidad en el consumo facturado. El 11% por errores de lectura y las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa concentran el 58% de todos estos casos. Del mismo modo, el cabildante demostró cómo la empresa Vanti al parecer viene abusando de su posición dominante con respecto a la medición del consumo y a los cobros inoportunos, pactados en la Ley 142 de servicio públicos.
“Visibilizaremos el actuar de esta compañía y las decenas de casos que hemos conocido de personas a quienes les están cobrando, de manera irregular, hasta $85 millones. Nos encontramos ante una situación adversa. Paulatinamente la empresa Vanti ha venido vulnerando el derechos de los bogotanos en la prestación del servicio público de gas natural, imponiendo su posición dominante y monopólica en el mercado”, advirtió durante su debate de control político el concejal de Cambio Radical.
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La situación de los comerciantes
En segundo lugar, en el debate se reveló el viacrucis de varios comerciantes que han sido víctimas de exagerados cobros por la prestación del servicio de gas, aplicándoles consumos que nunca realizaron en sus negocios.
De acuerdo con el cabildante, Vanti, valiéndose de la disminución del consumo por la pandemia, fue a hacer una revisión de los contadores, retirándolos y posteriormente, acusó a los comerciantes de estar defraudando a la empresa porque simplemente su consumo es inferior al que debía tener su negocio dependiendo de la actividad que realizan.
Todo esto con el único propósito, de hacer una recuperación de consumo. Entre los casos que reveló el concejal se encuentran cobros a restaurantes por $77.299.873, $31.354.370 y $16.161.040 en Chapinero; $18.814.760 en Teusaquillo; $18.244.670 en Engativá y $15.059.807 en Fontibón. Igualmente, esto no solo ha afectado a restaurantes, por el contrario, se identificaron negocios como un Lavaseco al que se le han cobrado $18.341.740 en Fontibón.
“La empresa como tal, a priori, impone indirectamente una obligación a los usuarios a consumir una cierta cantidad de gas ya sea para destinación del servicio residencial, comercial o industrial, so pena de ser investigado y sancionado cobrándoles un consumo que nunca tuvieron. Muchos comercios estuvieron cerrados por meses, nunca tuvieron un consumo y ustedes, a priori, le impusieron una serie de obligaciones de consumir una cierta cantidad”, indicó el concejal González.
De acuerdo con el concejal en la Superintendencia de servicios públicos las quejas por recuperación de consumo crecieron en un 32% y ascienden a más de 2.000 reclamaciones que se estarían representando en sumas que ascienden a más de $30.000 millones que pretenden sean asumidos por los usuarios.