En su último acto público, el procurador saliente, Fernando Carrillo, insistió en la importancia del dialogo social, y recordó que durante la gestión el Ministerio Público abogó por los derechos de los ciudadanos. 

“Con la Mesa por la Protección a la Vida logramos: hacer seguimiento al rol del Estado en la defensa de los Derechos Humanos, garantizar política pública de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos”, indicó Carrillo. 

En ese sentido, aseguró que con el fin de estigmatizar a esta última población, la Procuraduría adelantó la campaña ‘Lidera la vida’ y a su vez, en la campaña “Aquí cabemos todos. Colombia libre de xenofobia”, se articularon esfuerzos con la OIM y USAID para atender las problemáticas de la migración venezolana. 

Por otro lado, resaltó que el órgano de control actuó en las jornadas de protesta y movilización social, "protegiendo los derechos de los ciudadanos y abriendo espacios de diálogo entre líderes estudiantiles, redes de derechos humanos, Policía Nacional y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad)”. 

Asimismo, resaltó el acompañamiento en los espacios nacionales de diálogo y concertación con pueblos étnicos como la Mesa Permanente de Concertación Indígena y el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Y señaló que se le puso ruedas a la Procuraduría para acercarnos a los ciudadanos: Procuraduría Móvil, Procurando Salud y la Van Electoral. Sostuvo también, “Instalamos la Mesa de Meritocracia, logrando un ahorro de $108 mil millones y acordando la destinación de $86 mil millones para adelantar los concursos y fortalecer la carrera administrativa”.

Acuerdo de paz 

En su rendición de cuentas presentada ante los medios de comunicación explicó que también en la gestión que termina se les puso especial vigilancia a los temas relacionados con el Acuerdo de Paz.

“Adelantamos seguimiento integral al Acuerdo Final de Paz, informando al Congreso y formulando más de 150 recomendaciones para acelerar y mejorar su implementación”, afirmó. 

A renglón seguido, Carrillo agregó que “en 2018, entregamos a la JEP: primer informe con 1588 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado.  En 2019: entregamos segundo informe con 593 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado, que corresponden al período 1990- 2005”.

“Digitalizamos cerca de 700 procesos para remitirlos por competencia a la JEP Fortalecimos el seguimiento a los territorios más afectados por el conflicto. Diseñamos una metodología para seguir y rastrear la implementación de los Acuerdos de Paz”, puntualizó.

Formulaciones y recomendaciones 

“Formulamos recomendaciones en 122 de los 170 municipios en subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), frente a temas como: Atención y reparación a víctimas, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS, Reincorporación, Instancias de participación y Fuentes de financiación”

Reforma a la Justicia 

Finalmente, Carrillo añadió que también se planteó una reforma a la Justicia cuyas bases ya fueron presentadas ante el Congreso. 

“Un proyecto construido y propuesto a partir de una consulta a más de 9.000 ciudadanos sobre sus necesidades jurídicas La propuesta de reforma tiene como centro al ciudadano y tiene un enfoque:  

a. Territorial

b. Descentralizado

c. Rural  

d. Diferencial”. 

Indicó, “El objetivo es llevar la justicia a los territorios y ofrecer mayores garantías judiciales al sector rural.