Para el próximo 27 de abril fijó la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, la decisión sobre si precluye o no el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos.
Así lo informó la jueza Ortiz tras escuchar en audiencia a Uribe, quien en agosto de 2020 renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, debido a este caso.
Tanto la defensa del expresidente, como la Fiscalía y la Procuraduría General están de acuerdo en que el caso sea precluido, pues según las entidades no existen las suficientes pruebas para demostrar que el también exsenador cometió el delito de fraude procesal y soborno a testigos.
La audiencia comenzó con un encontronazo entre el expresidente y la jueza 28 de conocimiento, pues, al tratarse de una audiencia de solicitud de preclusión, el acusado solo puede referirse al proceso y no puede traer nuevas pruebas.
- Le puede interesar:Alias 'Matamba' fue encontrado borracho en otro patio de La Picota
Sin embargo, la jueza detuvo a Uribe cuando dijo que se iba a referir a hechos que "afectaron su honra", pues la funcionaria Carmen Ortiz, explicó que solo puede apoyar la solicitud en curso. Una vez resuelto esto, Uribe comenzó su intervención diciendo que Juan Guillermo Monsalve, considerado como víctima, no lo buscó de manera directa, sino que estaba "corroborando una información", por lo que no se trató de un abordaje.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia no creyó dicha declaración, pues encontró que tanto el abogado Diego Cadena, como Enrique Pardo, intentaron acercarse a Monsalve y le habrían ofrecido beneficios. En este punto, además, Uribe agregó que no sabía que él estaba siendo interceptado, por lo que, para su defensa, prueba que no dio orden de realizar un delito.
De todos modos, la decisión que tome la jueza 28 –favorezca o no al expresidente– podrá ser apelada por alguna de las partes, por lo que el expediente se trasladaría al Tribunal Superior de Bogotá.
En esa instancia aterrizaría en el despacho de uno de los tres magistrados de la Sala Penal, quien deberá obtener una votación mayoritaria en su ponencia con las pruebas que acoja.