LA OCTAVA División del Ejército, a través de un comunicado fue quien confirmó el secuestro de dos personas en el Arauca, manifestó que están coordinando esfuerzos con distintas instituciones para concertar la liberación de las víctimas. El hecho delictivo ocurrió una semana después de que el presidente Gustavo Petro anunciara un cese el fuego con la guerrilla, tras la culminación del tercer ciclo de conversaciones de paz en Cuba.

Uno de los secuestrados es Jennifer Arboleda, esposa de un efectivo militar de la Fuerza de Tarea de Quirón, quien, al momento de ser interceptada por integrantes de grupos armados al margen de la ley, transitaba la vía que conecta Saravena hasta Arauquita. Junto a ella, también fue retenido el conductor del vehículo de transporte donde se desplazaban, cuya identidad no ha sido revelada.

Este nuevo acontecimiento fue condenado por diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el integrante de la delegación negociadora del Gobierno nacional, José Félix Lafaurie, quien envió un mensaje contundente a la guerrilla, en conversación con la revista Semana.

“Hay un acuerdo, hay unos protocolos y, evidentemente, cuando se firma algo hay que cumplirlo, ahora lo que hay que estar es muy atentos del cumplimiento de las partes, para que lo que se firmó, la sociedad en su conjunto pueda recibir, en el caso del cese el fuego los alivios que eso implica”, aseguró el también presidente de Fedegan.

Entretanto, aseguró que sucesos como los de este martes en Arauca ha recibido un rechazo contundente de la sociedad, cuyas implicaciones fueron conversadas en las mesas de negociaciones en La Habana. Por lo tanto, declaró que, si se tomó como base lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario para la firma del cese el fuego, el secuestro no puede hacer parte de lo pactado la semana pasada.

Aprovechó la oportunidad para informar que el Gobierno viajará nuevamente a Cuba para seguir afinando los detalles que permitan impulsar la primera fase de implementación del cese al fuego, acordada para el 6 de julio. De esta manera, lograrán que el 3 de agosto, todos los mecanismos puedan funcionar correctamente para ponerle fin al conflicto armado en Colombia.

“Yo creo que estos son temas, que ahora que arranca, el ajuste de otra serie de protocolos que hacen falta para poder poner en vigencia el cese el 3 de agosto”, manifestó.

La Defensoría del Pueblo también condenó el secuestro de dos personas en Arauquita, a través de un mensaje publicado en la cuenta en la red social de Twitter. “Lamentamos la desaparición de un taxista y la esposa de un miembro del Ejército, vistos por última vez en vía La Esmeralda (Arauquita) y Saravena, Arauca. Disponemos de nuestros canales humanitarios para su pronto regreso”.

Investigaciones

Por medio de un comunicado, el Comando de la Octava División del Ejército, también rechazó este nuevo hecho, informando que condenan de forma categórica “este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario”.

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Pero también, aseguró que “una vez se tiene conocimiento del hecho, de manera inmediata se dio aviso a las autoridades competentes y en un trabajo interinstitucional se adelantan las acciones respectivas para la liberación de los secuestrados. De igual forma, se instaurarán las denuncias respectivas ante los organismos nacionales e internacionales por este crimen”.

El comando responsabilizó de estos actos al Frente de Guerra Oriental del Eln, por lo que exhortó a respetar la integridad física y vidas de las dos personas retenidas. Pero también aprovechó la oportunidad para afirmar que “el Ejército Nacional realiza acompañamiento psicosocial a nuestro militar y a su familia, activando el debido protocolo por parte del Centro de Familia”.

Antes de conocerse la noticia del secuestro de dos personas en Arauquita, se supo que el Gobierno de Gustavo Petro estudiaba la posibilidad de financiar a la guerrilla para evitar que continúen extorsionando y secuestrando, en contraposición a los acuerdos establecidos en La Habana.

La opción de ofrecer asistencia económica a este grupo armado se dio a conocer después de que Pablo Beltrán, en nombre de estos grupos subversivos, informara que a pesar de los acuerdos de cese al fuego continuarían con ciertas actividades ilícitas como el secuestro para financiarse.

“Las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir aquí (en Cuba), pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira que más adelante sí (...) Se comenzó a hacer el análisis (de los modos de financiación), no se concluyó. Más adelante se va a seguir”, aseguró Beltrán en declaraciones recientes.

Adicionalmente, se supo que las Fuerzas Armadas seguirán en actividades ofensivas en contra de la guerrilla, aun cuando haya entrado en vigor el cese al fuego, según el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. “Ni aun cuando entre en vigencia el cese, se suspende el deber constitucional de la Fuerza Pública de proteger a la comunidad y confrontar el delito”, manifestó.