El presidente Iván Duque ordenó a la Fuerza Pública el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca a partir de anoche, debido a la situación de violencia generalizada que se ha vivido en esta región del país.

Al término de un Consejo de Seguridad en la capital del Valle, el mandatario advirtió: “Vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche (anoche) empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle”, afirmó.

Explicó Duque que ese despliegue estará a cargo de oficiales de la mayor experiencia, por ello encomendó esa misión al general Álvaro Vicente Pérez Durán, Comandante del Comando Conjunto número 2 del Suroccidente, que opera en esa región del país.

Por parte de la Policía Nacional al frente de esta operación estará el general Hoover Penilla, Subdirector General de la institución, del general Fabián Cárdenas, Director de Antisecuestro y Antiextorsión.

“Quiero dejar claro que este despliegue llevará a casi triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad”, explicó.

Así mismo, el Presidente anunció la protección de los corredores del Departamento, e insistió en el desbloqueo como principio y como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos.

Por ello, dijo que para desarrollar esa labor se hará el despliegue de 7.000 hombres, incluidos uniformados de la Armada Nacional.

“Estaremos acelerando la judicialización y, óigase muy bien, empezaremos un despliegue de todas las capacidades de Inteligencia para que el pueblo colombiano conozca los vínculos que hay, en muchas de esas actividades vandálicas, con grupos organizados en todo el departamento y en la ciudad de Cali”, aseguró el mandatario.

Además, reiteró que el despliegue de Fuerza Pública deberá garantizar la protección de todos los activos estratégicos de la nación y de la productividad y, al mismo tiempo, de la logística en el departamento del Valle.

Igualmente, dijo que habrá un servicio especial en materia de comunicaciones para que los responsables de esta operación informen diariamente al país de manera oportuna cada acción que garantice total transparencia frente al actuar de la Fuerza Pública.

Para hoy se tiene prevista una nueva reunión con la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quienes ayer muy temprano pidieron al Gobierno la asistencia militar para controlar los desmanes.

De hecho, Cali y el Valle del Cauca amanecieron hoy bajo toque de queda decretado desde las cinco de la tarde de ayer debido a la situación se orden público se desbordó, y como medida para preservar la salud, la vida y la seguridad de los vallecaucanos.

Otras cuatro víctimas

Como en el primer día de las protestas, un mes después Cali fue escenario de desórdenes en los que al cierre de esta edición se habían perdido al menos cuatro vidas.

Tres de esas personas murieron durante una balacera que se presentó al mediodía en el sector de La Luna, al suroriente de la ciudad, donde durante el último mes se han presentado diariamente bloqueos y ataques a comercios, así como hechos en los que se han presentado heridos y muertos.

La información preliminar que tienen las autoridades es que un hombre llegó disparando de forma indiscriminada contra un grupo de personas que bloqueaba una vía. Una de ellas recibió un impacto en la cabeza y falleció en el lugar y otra quedó gravemente herida, falleciendo luego en un centro asistencial.

Los presentes alcanzaron al agresor, identificado como Fredy Bermúdez, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, quien fue linchado por la turba.

En videos se ve a un hombre caído sobre un charco de sangre y a otro cerca con un arma, acosado por manifestantes. Luego imágenes muestran al presunto agresor también en el suelo después de haber sido aparentemente linchado. 

El fiscal General Francisco Barbosa dijo que Bermúdez había ingresado a la Institución en 2012 y que al momento de los hechos “no se encontraba en el cumplimiento de alguna función institucional, pues estaba de descanso”.

Barbosa agregó que para garantizar que se realice una investigación “transparente con objetividad y exhaustividad” integró un equipo de criminalística forense liderado por una fiscal delegada ante Tribunal, experta en derechos humanos. 

La cuarta víctima mortal se produjo en horas de la mañana, cuando un joven de 22 años fue gravemente herido en medio de un enfrentamiento entre la comunidad y un grupo de resistencia en la vía Cali – Candelaria.

Las muertes se suman a los 46 decesos registrados hasta el momento por las autoridades. La Fiscalía ha establecido que 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones.

Al cierre de esta edición se reportaron enfrentamientos en el sector de Meléndez, de Cali, donde se escucharon disparos y se informó extraoficialmente de un indígena muerto, mientras un centro comercial en el sur de la ciudad fue incinerado.

 

Vandalismo

Ayer, como en todos los 30 días anteriores, el transporte público fue objeto de vandalismo. Luego de un mes de ocurridos los graves actos de vandalismo contra el sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), que dejó sin servicio a los caleños durante 13 días, ayer nuevamente fue objeto de varios actos vandálicos en contra de su infraestructura: cinco estaciones y una terminal.

El presidente de Metro Cali, empresa que gestiona el MIO, Óscar Javier Ortiz, lamentó los hechos e indicó que ayer se salió a prestar el servicio porque la comunidad lo reclama y necesita, pero debido a los bloqueos en la ciudad se tuvo que suspender a las 10 de la mañana.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo por reactivar el servicio, así lo hemos venido trabajando todos los actores del sistema, pero este tipo de actos vandálicos retrasan y entorpecen nuestras labores de recuperación y reparación”, señaló el funcionario.

En el último mes 16 buses han sido calcinados, 36 vandalizados y tres afectados parcialmente; también hay 13 estaciones y terminales incineradas, y 48 más con algún tipo de afectación. Ortiz señaló que el presupuesto estimado de reconstrucción o reparación, sumando infraestructura y flota, es de $70.000 millones, valor que no contempla el componente tecnológico.

El oriente de la ciudad ha sido otro punto crítico que ha vivido enfrentamientos y actos vandálicos. En este sector ciudadanos han sido amenazados, la Terminal Andrés Sanín del MIO fue incendiada, además, se tuvo que suspender la vacunación en el megacentro Nuevo Latir por amenazas de encapuchados.

En inmediaciones a la Universidad del Valle, al sur, fue derribado un poste, un semáforo y cámaras de seguridad.

También se informó que se logró la captura de siete personas, entre ellas una mujer, que se transportaban en un vehículo donde se hallaron tres armas, galones de gasolina, botellas, gaza y otros insumos para fabricar bombas caseras. Las autoridades presumen que iban a uno de los sitios donde los vándalos están accionando en Cali.

Mientras tanto, en Popayán vándalos lanzaron bombas incendiarias contra la Alcaldía. Allí también se decretó toque de queda y ley seca a partir de las 6 de la tarde.

Al cierre de esta edición, el reporte de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca señalaba que en varios municipios aledaños a Bogotá como Madrid, Tocancipá, Sibaté, Fusagasugá y El Rosal había bloqueos en las vías. En el caso de la carretera Bogotá - Facatativá - Glorieta El Sosiego, había cierre en ambos sentidos.

Igualmente se registraron fuertes disturbios en Medellín y en Bucaramanga y su área metropolitana al término de la jornada de protesta que fue pacífica durante todo el día.