Los exgobernadores del departamento de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para devolver a la administración seccional más de $16 mil millones producto de actuaciones ilícitas, recursos que serán destinados a planes de saneamiento y atención de las comunidades indígenas y vulnerables.
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia detectaron una situación de macrocriminalidad, en la que los exfuncionarios, en asocio con algunos de sus entonces colaboradores, habrían suscrito irregularmente varios contratos de suministro y obras públicas entre 2012 y 2018, que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual.
Rodríguez Sánchez, Gobernador entre 2012 y 2015, reconoció su participación en el delito de concierto para delinquir agravado, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 hechos de peculado por apropiación y cinco eventos de cohecho propio. Por estas conductas recibiría una condena de 10 años de prisión en centro carcelario.
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Mientras, Zapata Parrado, Gobernador entre 2016 y 2019, aceptó su autoría en el delito de concierto para delinquir agravado, 24 conductas de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación; tres más de cohecho propio; uno de corrupción de sufragante, cuatro de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal. Con el preacuerdo sería sentenciado a ocho años y 27 días de prisión.
Con este preacuerdo se logró el compromiso para que los dos exfuncionarios devuelvan a la administración $16.284 millones con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la suscripción de seis pagarés.
Los recursos serán destinados a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables, como quiera que estas poblaciones fueron las directamente afectadas con el comportamiento ilícito de los exgobernadores.