La juez tercera de pequeñas causas y competencia múltiple, con sede desconcentrada en Suba, resolvió ayer que el Distrito deberá suministrar todos los elementos de atención médica, aseo, alimentación y habitabilidad a los indígenas que se encuentran asentados en el Parque Nacional mientras se consolida el retorno efectivo a sus territorios.
Más específicamente, el documento, que se dio a conocer ayer pero que se emitió el pasado viernes 4 de marzo, establece que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de las secretarías de Gobierno, de Integración Social y de Hábitat, tendrán 15 días (desde que se notificó la decisión) para ubicarles un bien inmueble que garantice las condiciones de habitabilidad, identidad étnica, cultural y costumbres religiosas y/o ancestrales, sin que ello implique la segregación de las familias mientras se resuelve su situación de retorno.
“Una vez acordado el lugar con las comunidades indígenas, deberán adelantar las gestiones necesarias para la reubicación de las personas en el Parque Nacional”, precisó.
Así mismo, a la Secretaría de Salud en específico se le solicitó que, de manera concertada con las comunidades destinatarias, se proporcionen los servicios de vacunación, suministro de medicamentos y asistencia periódica de un médico general.
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Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá y en específico la Secretaría del Hábitat, deberán seguir prestando los servicios de agua potable, de recolección de basuras de forma diaria y de evacuación de desagües. “Deberán realizar el mantenimiento y aumento de las unidades sanitarias, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente acción, previo concepto técnico del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, quien deberá determinar la factibilidad de instalación, ubicación y el número requerido”, precisa la comunicación del juzgado.
Punto aparte, aunque tanto la Secretaría de Gobierno como la Unidad para las víctimas del Distrito (de manera conjunta con la Unidad de Víctimas) trataron de adelantar una caracterización de las personas que allí se encuentran durante el mes de febrero, no fue posible realizarla por actos de violencia por parte de miembros de la comunidad; sin embargo, esta última comunicación da un plazo de 15 días para que “se lidere la caracterización de las comunidades, para ser adelantada de manera articulada con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, de Integración Social y la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos”.
Una fuente de la Unidad de Víctimas para el Distrito le confirmó a EL NUEVO SIGLO que el Alcaldía está haciendo el análisis respectivo para dar respuesta a este último requerimiento.