“No van a cesar” los ataques contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le advirtió a EL NUEVO SIGLO el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín.
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“Desaparecerlo es objetivo de quienes están detrás de la violencia a gran escala, pues saben que es el mejor instrumento para proteger a los ciudadanos”, sostuvo.
Para demostrar su punto, Guarín expuso cómo “el 9 de septiembre los delincuentes evitaron enfrentar al Esmad y buscaron atacar a la Policía de vigilancia. ¿La razón? Saben que ese escuadrón está entrenado y dotado para impedir específicamente ese tipo de acciones. Necesitamos mucho más Esmad”.
Guarín indicó que el Esmad, sin las pistolas taser y sin las escopetas aturdidoras, “trabajará sin contratiempos”, porque “tiene amplia experiencia en enfrentar situaciones de disturbios y de violencia. Seguirá cumpliendo esa misión sin importar las condiciones y siempre bajo el respeto a los derechos humanos”.
¿Protesta o delito?
En este punto, Guarín explicó que “las Fuerzas Militares y la Policía son las principales defensoras de los derechos humanos en Colombia. El respeto a la dignidad humana es la regla sagrada. De su cumplimiento estricto depende la legitimidad del Estado, de la Política de Seguridad y de la Fuerza Pública. Eso implica el compromiso del Gobierno con cero impunidad cuando se presenta una violación a los derechos humanos”.
Como ya lo había anticipado a este Diario, el consejero Guarín anotó que se viene trabajando en una Ley Antivandalismo, anotando que “se requieren ajustes legislativos que contribuyan a evitar la violencia a gran escala que se presentó el 9 de septiembre en Bogotá. Por su magnitud y la intervención de individuos articulados a grupos armados organizados, se trata de terrorismo de baja intensidad. Esto requiere, entre otras cosas, un tratamiento diferente y programas de prevención de la radicalización violenta. Un joven no amanece de un día para otro con ánimo de quemar un CAI o de apuñalar a una joven policía. Nada justifica la violencia”.
Subrayó que “la comunidad de inteligencia ha identificado al menos 40 grupos radicales, esto es, aparatos que comprenden en su actividad el ejercicio de la violencia. Lo ocurrido en esas fechas fue un acto de violencia a gran escala, planificado y sistemático. No fue protesta, fue delito. La protesta es un derecho que se enmarca en la manifestación pública y pacífica, mientras que la violencia deriva en delito. La Constitución ordena proteger la protesta y perseguir el delito.
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Reveló que “las investigaciones judiciales han evidenciado la injerencia de esos grupos en los actos de violencia de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020. Hasta el bandido dado de baja, alias ‘Uriel’, se ufanó de la participación de estructuras de Eln. La Fiscalía logró determinar que un grupo de cinco individuos que pertenecerían a células terroristas urbanas de disidencias de las Farc estarían vinculados a los actos vandálicos en Bogotá. Los capturados hacían parte de las llamadas Escuelas de Resistencia Civil, Uniones Solidarias y Comandos Urbanos”.
Sin embargo, consideró Guarín que “el ordenamiento jurídico vigente es demasiado blando. Los 315 capturados por actos de violencia del 9, 10 y 11 de septiembre, todos se fueron contentos para la casa. Eso no puede ser. La impunidad que rodea a la mayoría de los delincuentes que participan en las acciones de violencia estimula la repetición. Necesitamos una legislación dura, que proteja el sagrado derecho a la protesta, de quienes con violencia lo perturban con vandalismo y delito. Repito, la protesta es un derecho sagrado, la violencia, en cambio, configura delito. La certeza de que no hay sanción real por participar en el incendio de un CAI o de una estación de policía, promueve esa conducta”.
Policías investigados
En cuanto a los policías que dispararon contra la multitud y que dejaron más de 20 muertos en el país, precisó que “la Fiscalía adelanta las investigaciones y desde el Gobierno se ha dado todo el respaldo para que se determine con rigurosidad cuál es la eventual responsabilidad de miembros de la Policía. En esto se debe respetar la presunción de inocencia, al tiempo que, si se empleó la fuerza al margen de la Constitución y de las normas de derechos humanos, deben existir sanciones severas”.
Pero, en ese contexto, Guerín rechazó que haya alcaldes que generalicen y estigmaticen “a la Policía y a todos sus integrantes, por las presuntas actuaciones irregulares de algunos de sus miembros”.
Para él, “no es cuestión de metodología, es de respeto. Dar trato de máquina criminal a la Policía, en vez de reconocer el enorme esfuerzo que hacen sus integrantes para proteger a la ciudadanía, es injusto, mentiroso y muy negativo. Los alcaldes son la primera autoridad de policía en su municipio y distrito y les corresponde ejercer un liderazgo crítico, por supuesto, pero propositivo”.
Con todo, reconoció que sus relaciones de trabajo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, son “como deben ser: francas y respetuosas. Pero déjeme decirle una cosa. Lamento que Claudia sea gentil en privado y agresiva en público. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Su conducta en la pandemia es patética”.
Buenos resultados
De otra parte, Guarín destacó que la lucha contra la criminalidad arrojó importantes resultados en los últimos 12 meses, al tiempo que lamentó que muchos delincuentes queden en libertad en cuestión de horas tras sus capturas y que por esta razón “hay varias cosas por resolver, que son estructurales y en las que se está trabajando. Por ejemplo, enfrentar mejor la reincidencia y la recurrencia en el delito; fortalecer la Rama Judicial con más jueces y fiscales y aumentar la capacidad carcelaria. Estas cuestiones son claves porque afectan directamente el alcance de los resultados de la Fuerza Pública”.
Explicó que “las cifras son contundentes. 2020 fue un año de resultados positivos en materia de seguridad, sin antecedentes. La implementación de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana redujo el homicidio en 4,8% según las cifras preliminares, las lesiones personales en 30% y el hurto a personas en 33%”.
Aseguró que “son récord los golpes al narcotráfico: 130.171 hectáreas de hoja de coca erradicadas; 502 toneladas de coca y 521,3 de marihuana incautadas, así como 5.473 laboratorios destruidos. Es histórico. Esto no significa que estemos satisfechos. Por el contrario, necesitamos mantener y mejorar esos resultados, trabajando con las autoridades locales y con el respaldo activo de los ciudadanos”.
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Afirmó que el Gobierno nacional viene fortaleciendo los organismos de inteligencia y de investigación para hacer frente a “situaciones graves como las masacres, el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de las Farc, ciertamente constituyen uno de los principales retos en 2021”.
Destacó que la coordinación entre alcaldías y la Policía fortalece los planes de seguridad. “Completamente. Mire usted, en las ciudades donde la articulación de la Policía y la Alcaldía es estrecha, existe armonía y respeto con la Fuerza Pública, los resultados en protección de la vida fueron mejores. Le doy un ejemplo, en Medellín la reducción de homicidio fue de 39%, mientras que en Bogotá fue tan solo de 2%”.
Insistió en que “es indispensable seguir avanzando con los gobernadores y alcaldes en la ejecución de la Política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana para atacar las rentas criminales urbanas, que son el centro de gravedad de muchos de los delitos que afectan a las ciudades y poblaciones”.