Las más recientes auditorías realizadas por la Contraloría General de la República al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encontraron “serias falencias administrativas y dificultades financieras”, indica el informe, que “siguen afectando la gestión” de estas entidades. Uno de los hallazgos relevantes es que las demandas contra el primero de estos organismos por presuntas fallas del servicio tiene pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020.
Las auditorías que practicó la Contraloría a estas dos entidades vitales en el sistema carcelario del país fueron de tipo financiero y de cumplimiento, las cuales arrojaron 223 hallazgos en total.
La auditoría de cumplimiento realizada a Inpec - Uspec constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal y 15 son de carácter fiscal.
En cuanto a la auditoría financiera al Inpec la Contraloría emitió opinión contable negativa por los hallazgos encontrados y originados en el proceso de conciliación y cruce de información entre las dependencias del mismo organismo y su área contable, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos de soporte, situación que genera incertidumbre en los saldos.
En el proceso de depuración de la propiedad, planta y equipo, relacionada con los bienes inmuebles, la Contraloría General determinó que no se cumplió, lo que implica que no se sabe la realidad de los terrenos y edificaciones, frente su propiedad y disposición.
Se determinó, igualmente, que el Inpec no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.
Las demandas al Inpec, ocasionadas por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020 y, en el 81,34% de los casos, no se informa sobre el sentido del fallo, por lo tanto, tienen alto riesgo de que sea en contra del Estado.
Así mismo el procedimiento de depuración de las cifras de los estados contables no opera adecuadamente, por ello persisten las deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes, lo que impide, según la Contraloría, que se conozca la realidad financiera de la entidad, identificándose la existencia de partidas conciliatorias en las cuentas bancarias que vienen desde el año 2008 y hasta el 2019, por $32.415.079.642,39.
En el caso de la Auditoría Financiera a la Uspec, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal.
Desempeño frente a la pandemia
Como resultado del proceso auditor, se determinó que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia.
Si bien la Emergencia Sanitaria por el covid-19 se había declarado desde el 12 marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27 de ese mes, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país, señala la Contraloría General de la República.
Además, “la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras”, reveló la auditoría de la Contraloría General.
Agregó que el Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo.
“Algunas cárceles no tienen atención médica ni odontológica permanente y otras, como la cárcel de Villavicencio, donde se dieron los mayores niveles de contagio, solo tienen una enfermera y una auxiliar de enfermería en el área de sanidad”, señala la Contraloría.
Entre los hallazgos de la Contraloría producto de estas auditorías está el contrato 219-2013 establecimiento Buga (hallazgo disciplinario y fiscal): Menoscabo de los recursos públicos pagados a contratista por $62.759.063.434. No hay ejecución del contrato por más de un año ni labores de mantenimiento.
También obras pagadas no ejecutadas del contrato de obra No. 402 de 2014 – Girón, Santander (hallazgo fiscal y disciplinario): se observaron inconsistencias en la información registrada en las actas de recibo a satisfacción lo que permite observar que hasta el acta 36, la Uspec le había pagado al contratista obras que no había ejecutado, por lo que el organismo de control identificó un presunto alcance fiscal por valor $743.004.735,55.