El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno apoya el proyecto de ley que establece un tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores vinculados a cultivos ilícitos.
Así lo manifestó ante la Comisión Primera del Senado, que tramita el Proyecto de Ley 055 de 2022, el cual desarrolla un tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este.
El artículo 5º del acto legislativo dispone que se podrá aplicar un trato penal diferenciado para tres tipos de delitos del Código Penal: 375, 376 y 377, que tienen que ver con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de bienes inmuebles; y conservación y financiamiento de plantaciones. “El proyecto de ley extiende ese trato penal diferenciado a un tipo más, el 382, y habría que ver si el Legislativo lo aprueba”, anotó el ministro Osuna, quien manifestó que el Gobierno busca que la iniciativa cobije exclusivamente a pequeños campesinos, cultivadores y recolectores que quepan en el PNIS, y nunca a bandas del narcotráfico.
El jefe de la cartera de Justicia dijo que ya va siendo hora de honrar lo pactado y cumplir la Constitución expidiendo una norma como la que propone la bancada de Comunes. “El tratamiento alternativo del que se habla consiste en la extinción de la acción penal para los pequeños cultivadores que entren al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Varios ya lo han hecho y están a la espera de la ley”, explicó.
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“Quien no esté en el PNIS no estará cobijado por esta ley, y en ese sentido habrá que hacer una precisión explícita al respecto”, insistió. Durante su intervención, Osuna Patiño recordó que en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro hizo pública ante el mundo la política de drogas del Gobierno.
“Es evidente que estamos ante una lucha de más de 40 años que es un fracaso nacional y global, por lo que si persistimos en la misma estrategia no podremos esperar sino resultados igual de desastrosos”, afirmó.
Osuna Patiño confirmó que al Gobierno le parece razonable fijar un plazo adicional como el que se establece en el proyecto de ley, con el fin de que otras familias puedan entrar al programa y recibir los beneficios de tipo penal que allí se establecen.