Por considerar que de cara a la elección de presidente de la República hay una creciente participación en el debate político-electoral por parte de diversos funcionarios del Estado de los distintos órdenes, la Misión de Observación Electoral (MOE) envió una comunicación al Presidente de la República, el Fiscal General, la Procuradora General y el Defensor del Pueblo, en la que recuerda la prohibición a la indebida participación de servidores públicos en política y los efectos que ésta puede tener para la cita con las urnas el próximo 29 de mayo.
Reseña la MOE que el artículo 127 de la Constitución establece un régimen especial para los servidores públicos que prohíbe su intervención en actividades o controversias políticas. Esto es, cuando sus declaraciones o actuaciones tienen incidencia directa en la dinámica y el proceso electoral, apoyando o rechazando una causa, una organización política o una candidatura, con independencia de si esta se menciona expresamente o no.
Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta limitación se explica en la necesidad de asegurar la imparcialidad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la igualdad de las organizaciones políticas, así como la libertad de elección.
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“Si bien estas reglas son aplicables a todos los empleados del Estado, su exigencia es mayor frente a los más altos funcionarios de la rama judicial, de los órganos electorales, de control, y de seguridad. Se destaca el caso del Presidente de la República, al que como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa le corresponde dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo”, señaló la MOE.
De igual manera la MOE indicó que es importante recordar que la Fuerza Pública en Colombia está sujeta a otro régimen especial, según el cual esta no es deliberante, y sus miembros no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.