
A PRINCIPIOS de junio, el Distrito anunció que el próximo 20 de julio presentará a consideración del Congreso de la República un nuevo proyecto de ley para la creación de la policía local.
Esta iniciativa busca crear agentes de seguridad y convivencia locales, para consolidar un régimen de fuerza pública híbrido (del orden nacional, con Fuerzas Militares y Policía Nacional; y del orden territorial, con agentes de convivencia y seguridad local). En este sentido, el propósito es habilitar a Bogotá, y a las ciudades con más de un millón de habitantes, para atender los problemas de seguridad y convivencia que más afecten a sus ciudadanos.
“Para ayudarle a la Policía Nacional, lo que vamos a proponer es tramitar la reforma constitucional y legal que se necesita para tener una Policía para Bogotá y que se quede acá. Creemos que esa es la mejor manera de apoyar a la Policía Nacional, para que sus uniformados se concentren en combatir el narcotráfico y las grandes organizaciones criminales”, explicó Claudia López.
No obstante, pese a sus argumentos, las inquietudes e incluso críticas en contra de la propuesta no cesan por parte de congresistas y expertos; quienes afirman que la creación de la policía local no resolverá una problemática profunda como la inseguridad.
Carolina Arbeláez del partido Cambio Radical, sostuvo que la seguridad en Bogotá es un tema que hay que priorizar y que el trabajo articulado es fundamental.
“No necesariamente tener más policías se traduce en más seguridad, hay que fortalecer a nuestra Policía Nacional y a la justicia con herramientas para combatir la impunidad. Consolidar una policía local puede tardar muchos años, además, hay que tener en cuenta el trámite legislativo para reformar la constitución porque en ella reza que solo debe existir una policía en todo el territorio, hay que tener en cuenta de dónde se pueden lograr los recursos y el equipamiento, además de cómo se podrían complementar con la Policía Nacional”, señaló.
Asimismo, aseveró que esta es una propuesta que podría dividir y dispersar las tareas urgentes e importantes de las autoridades. “En lugar de sumar, podrían deteriorar el accionar de los agentes que hoy existen”.
Por su parte, la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, advirtió que la propuesta es inconstitucional.
“La Policía, como las Fuerzas Militares son cuerpos nacionales y parte del carácter unitario de la Nación, con la sola excepción de la Constitución de 1863 que era federal y esos cuerpos pertenecían a cada Estado. Así lo dicen los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución. Por eso se llama Policía Nacional”, explicó.
¿Una medida insuficiente?
La representante Jennifer Pedraza de la Coalición Centro Esperanza indicó que, si bien aumentar el pie de fuerza en Bogotá es una medida necesaria, no es una medida suficiente.
Según explicó la congresista, Bogotá se ubica cerca de 70 efectivos por debajo de las recomendaciones de Naciones Unidas, teniendo cerca de 237 policías por cada 100.000 habitantes mientras que lo que se espera es que haya cerca de 300 policías por habitante.
“Sin duda alguna es una limitación material para atender los delitos que constantemente se cometen, esta carga es francamente difícil de financiar y por el contrario creo que la mejor alternativa debería ser una concertada y acordada con el Gobierno Nacional Central, tanto por los costos que eso implica como por una articulación también de la fuerza pública. Todo recurso que Bogotá invierta en esta nueva policía descentralizada, son recursos que Bogotá podría invertir en una política social y de integración mucho más sólida que nos permita también prevenir cualquier fenómeno de delincuencia”, enfatizó.
Por otra parte, la representante Olga Lucía Velásquez del partido Alianza Verde señaló que defiende la descentralización y la autonomía territorial, sin embargo, en materia de seguridad, aseguró que se debe propender por la unidad en salvaguardar la soberanía nacional, la vida y patrimonio de los ciudadanos.
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Necesidad de una reforma
Los congresistas Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro y Heraclito Landinez; representantes por Bogotá del Pacto Histórico, hablaron de la importancia de una reforma policial para afrontar la inseguridad en la ciudad.
El representante Becerra afirmó que la propuesta de la alcaldesa Claudia López busca pasar el problema de la seguridad en Bogotá al Gobierno Nacional, ante la ausencia de una estrategia efectiva en el Distrito para disminuir la criminalidad en la ciudad.
“Es fundamental entender que más pie de fuerza no soluciona a profundidad este problema, ya que la criminalidad responde a problemas multifactoriales; si la alcaldesa en verdad quiere crear iniciativas para solucionar este problema de fondo es necesario hacer inversiones en otros frentes. El primer paso es discutir sobre una reforma policial, con el fin de no quedarnos exclusivamente en el lugar común de pedir crecimiento de pie de fuerza, sino buscar soluciones a partir de un enfoque integral y multidimensional de abordaje al problema de la criminalidad”, señaló.
Por su parte, según Pizarro, el presidente Petro viene trabajando en mejorar las condiciones humanas para los policías.
La congresista sostuvo que, si bien la Alcaldía de Bogotá puede invertir fondos en la formación de más personal policial, esta estrategia puede ser insuficiente debido a que la tasa de deserción y retiro es más alta que la de incorporación.
Finalmente, el representante Landinez señaló que Bogotá tiene un régimen especial consagrado en la Constitucional Política de Colombia, que contempla entre sus competencias promover el desarrollo económico y social de su territorio, gobernarse por autoridades propias y definir el uso del suelo.
“En ese escenario es importante una reforma constitucional que le permita a Bogotá tener policía local que dependa de la Alcaldía Mayor de la ciudad en términos administrativos y con una adscripción al Ministerio de Defensa en términos de la política pública del orden público a nivel Nacional”, explicó.
Una propuesta anacrónica y poco funcional
Néstor Rosanía, experto en temas de seguridad y defensa, seguridad hemisférica, insurgencia, terrorismo, negociación y conflictos armados; afirmó que el proyecto de ley que la alcaldesa Claudia López pretende radicar en el Congreso para que Bogotá tenga una policía local es atemporal, anacrónica y poco factible.
“Es un proyecto que presenta al final de su administración, por lo que es una propuesta anacrónica. Este tipo de estrategias se plantean al principio de una gestión y no faltando seis meses para terminarla. Mientras pasa la parte burocrática, antes de su ejecución, llegaría una nueva administración con sus propias políticas de seguridad. Esto pareciera más un mensaje para generar impacto mediático”, explicó.
“Lo segundo es que se sigue viendo como un error el tema de la seguridad a través de números de uniformados en la calle. No se cuenta con un componente de ciencia y tecnología que es importante, que es lo que utilizan las grandes urbes. Mientras Londres está llena de cámaras, Bogotá sigue pensando que, por no ser tan grande, hay que traer más policías a dar vueltas en los barrios”, agregó.
Por su parte, Luis Ernesto Gilibert Vargas, exdirector de la Policía Nacional, señaló que el proyecto es la invitación a volver a la Policía Municipal con resultados funestos.
“Nosotros tuvimos una Policía Municipal y una Policía Departamental. Ese par de policías respondían a los mandatos de los Gobernadores y Alcaldes y los resultados fueron funestos, los utilizaron en la política y a su capricho personal. De manera que volver a hablar de tener una policía municipal es retroceder cien años en la historia de la institución”, afirmó.
Por último, EL NUEVO SIGLO consultó al General William René Salamanca Ramírez la viabilidad del proyecto. “Esa propuesta dejémosla a los políticos", respondió.