La Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió a las comitivas de Colombia y Nicaragua que presenten sus argumentos para definir el mar territorial que alega cada país.
La solicitud de la Corte de La Haya es para que, en el marco de la próxima reunión oral que celebren las delegaciones de los dos países, se exponga por qué se debería fallar en favor de cada nación sobre las 200 millas náuticas que cada país tiene y que llevan solicitando desde hace más de 20 años, ahora con una plataforma continental.
La CIJ, principal órgano judicial de las Naciones Unidas afirmó que en las circunstancias del caso, antes de proceder a cualquier consideración de técnica y cuestiones científicas en relación con la delimitación de la plataforma continental entre los dos países “en el próximo juicio oral del caso, la República de Nicaragua y la República de Colombia expondrá sus argumentos exclusivamente en relación con la siguientes dos preguntas: según el derecho internacional consuetudinario, ¿puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se determina la amplitud de su territorio el mar se mide dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro ¿Estado?”
Al mismo tiempo cuestiona “¿cuáles son los criterios bajo el derecho internacional consuetudinario para la determinación de la límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base que se mide la anchura del mar territorial y, a este respecto, no párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de la mar reflejan el derecho internacional consuetudinario?”
Sin fecha
Aunque no se ha definido la fecha y hora en la que se celebrará esta nueva audiencia oral, desde el régimen de Daniel Ortega se le ha pedido a la Corte que sea esta la que determine, amparada en el Derecho Internacional, las reglas y límites para aplicar la citada plataforma sobre el mar. Sin embargo, Colombia ha dado a entender que, específicamente sobre esas 200 millas, La Haya no tendría competencia debido a que las islas de San Andrés son parte del territorio nacional.
Aunque el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, rechazó las pretensiones de Nicaragua, en ese año la Corte decidió respaldar al régimen de Ortega en esa solicitud y asegurar que sí les competía investigar sobre el tema. Por ahora, se está a la espera de definir cuándo se celebrará este juicio.
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Esta información se conoce luego de que el canciller Álvaro Leyva anunció que el Gobierno nacional está revisando cambiar a los abogados encargados del litigio del Estado colombiano con Nicaragua. El anuncio lo hizo en medio de un debate de control político ante el Congreso de la República, que se dio de manera privada, y que fue convocado por la representante Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Antecedentes sobre el litigio
La CIJ había emitido en abril de este año el fallo sobre la demanda que presentó Nicaragua por supuestas violaciones por parte de Colombia de las zonas marítimas delimitadas por la Corte en 2012.
En este fallo no se discutía el espacio territorial, sino el cumplimiento del anterior, cuando la CIJ determinó que 75 mil km² se convertían en Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua. Se pronunció, igualmente, sobre si Colombia estaba delimitando el área acorde al derecho internacional y si se cumplían los derechos de las comunidades raizales a pescar y navegar en esas áreas.
La Corte aceptó el argumento colombiano de que Nicaragua está delimitando su área marítima de forma incorrecta, lo que logró a través de una contrademanda. Sin embargo, existe una segunda demanda de Nicaragua, que puso durante el año en que Colombia abandonaba el pacto de Bogotá, como reacción al fallo de 2012.
Adicionalmente, sobre el tema de las comunidades raizales determinó que “si bien es cierto que Colombia no había probado que los derechos de las comunidades eran ancestrales, sí vio que los raizales están ejerciendo sus derechos allí y que por lo tanto los dos países deben llegar a un acuerdo a través de un tratado”.