Terminó ayer la primera audiencia de reconocimiento que se produce en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde que está operando en el 2017, por parte de militares que aceptaron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, o ‘falsos positivos’,  en la región de Ocaña, Norte de Santander, quienes entregaron relatos sobrecogedores sobre la forma como dieron muerte a campesinos para presentarlos como bajas de la guerrilla en combate. Ahora les corresponde a los exintegrantes de las Farc hacer lo propio con los miles de secuestros que hicieron.

De esta forma, dicha Jurisdicción, que fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el anterior gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, con el fin de sancionar bajo la sombrilla de la justicia transicional los delitos más graves que se cometieron en el conflicto, avanza en la imposición de las primeras sanciones, como lo anunció hace algunos días.

Durante estas diligencias, los máximos responsables imputados por la JEP se presentarán ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas, las instituciones del Estado y la sociedad colombiana. Mientras estos comparecientes se refieran a los crímenes que se les atribuyen luego del proceso de contrastación judicial, las víctimas podrán manifestar si están o no ante un reconocimiento real.

En Ocaña, 10 uniformados del Ejército imputados por la JEP, entre ellos un general y cuatro coroneles, además de un tercero civil, reconocieron su responsabilidad por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

El otro macrocaso que va muy avanzado en su investigación en la JEP es el 01, que tiene que ver con toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad (secuestro) cometidas por la entonces guerrilla de las Farc. Por esos hechos fueron imputados, el 28 de enero de 2021, ocho exintegrantes del Secretariado de las Farc, máximo espacio de dirección de la entonces guerrilla.

La audiencia de reconocimiento de los exintegrantes del Secretariado de las Farc por su responsabilidad en secuestro se realizará en Bogotá durante el 31 mayo, el 2 y el 6 de junio próximos. 

Las personas imputadas en este caso son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.

La Sala les imputó el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.

A través de estas audiencias, los comparecientes tienen la oportunidad de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva; reconocer la naturaleza criminal de los hechos y conductas en las que participaron; y responder a la gravedad de las conductas con el reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas, reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir esos graves crímenes.

Si los exintegrantes del Secretariado de las Farc reconocen su responsabilidad en los delitos antes señalados, como lo hicieron los 10 uniformados del Ejército en el caso de los ‘falsos positivos’, y además aportan verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala de Reconocimiento debe producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones de conclusiones que enviará a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se encargará de imponer las sanciones a las que haya lugar. ​

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Piden resultados 

Uno de los mayores requerimientos que han hecho a la JEP el Gobierno nacional y sectores políticos que no apoyaron la firma del Acuerdo de Paz, porque no estuvieron conformes con la forma como se negoció en La Habana (Cuba), como el Partido Centro Democrático, es que empiece a producir condenas a los máximos responsables por los graves delitos que se cometieron en el conflicto armado. 

En los cinco años de estar operando esta Jurisdicción ha concentrado su acción en la investigación de diferentes delitos que se produjeron, la mayoría de los cuales se condensó en siete macrocasos, a los cuales se suman tres macrocasos más que determinó en las últimas semanas.

En cuanto a estos últimos hay uno que investiga violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tomas a poblaciones, uso de armamento indiscriminado y otros crímenes no amnistiables.

También abrió un macrocaso por crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, que investiga violencia sexual y basada en género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Y un tercero concentra los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos, que investiga masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas e integrantes de pueblos étnicos.

En tanto que los macrocasos que más han avanzado en la investigación, como lo demuestra el hecho de que por estos días se adelantan audiencias de reconocimiento de responsabilidad de algunas de las personas comprometidas, son el 01, por los secuestros que hizo la entonces guerrilla de las Farc de civiles y uniformados, algunos de los cuales permanecieron hasta 12 años cautivos en la selva y muchos murieron en esta condición; y el caso 03, por las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos militares a civiles que nada tenían que ver con grupos armados ilegales, para hacerlos aparecer como muertos en combates y así inflar las cifras de resultados operacionales.

ONU ve con buenos ojos avances en JEP

En la reciente presentación que hizo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el jefe de la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre el informe correspondiente al periodo diciembre del 2022 a marzo del 2023, destacó “la naturaleza histórica de las primeras audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad” en la JEP.

Agregó que “en ellas, excomandantes de las Farc-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles tendrán un espacio para demostrar su compromiso con la verdad y con los derechos de las víctimas, que son la razón de ser del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este es un paso determinante hacia la definición de las sanciones propias que emitirá la Jurisdicción. Su potencial reparador será clave para satisfacer las expectativas de las víctimas”.