El dramático suceso del pasado domingo durante la celebración por el Día de la Madre, en el que una mujer de 26 años fue asesinada por su pareja en el centro comercial Unicentro, abrió ayer el debate en torno a si la legislación y los protocolos establecidos para evitar feminicidios en nuestro país están funcionando.
Erika Aponte Lugo, subadministradora de un establecimiento de comidas, recibió dos disparos a quemarropa por Christian Camilo Rincón Díaz, quien se autolesiona posteriormente con el mismo revólver. La mujer había denunciado tres días antes a su agresor ante la Casa de Justicia de Usme.
La primera entidad en pronunciarse ante lo sucedido fue la Personería de Bogotá, señalando que el Ministerio Público Distrital estableció que el pasado jueves 11 de mayo la víctima se comunicó a través del servicio telefónico denominado una “llamada de vida” de la Secretaría Distrital de Integración Social para poner en conocimiento la situación de violencia que enfrentaba.
“Rechazamos los hechos de violencia contra las mujeres y solicitamos a las autoridades competentes esclarecer el motivo por el cual no se tomaron las acciones que evitaran este desenlace fatal. Además, la Personería realizará el seguimiento a las medidas de protección establecidas a la señora Erika Aponte”, sostuvo la entidad.
¿Qué dice el Congreso?
EL NUEVO SIGLO habló con cinco representantes a la Cámara por el Partido Liberal, Alianza Verde, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Coalición Pacto Histórico sobre una posible reforma a los protocolos de prevención y atención en casos de violencia contra la mujer.
La congresista Flora Perdomo del Partido Liberal, sostuvo que este es un asunto que va más allá de protocolos, incluso de leyes. “Estos asuntos de violencia contra la mujer, están estrechamente ligados a la salud mental, a situaciones psicosociales, también culturales, de manera que desde mi punto de vista sin descuidar o mejorar protocolos, que seguramente es muy importante, lo que se requiere en estos momentos es poder consolidar una serie de situaciones relacionadas con salud pública”.
De igual manera, Piedad Correal, representante de la misma bancada, señaló que el caso de Erika atenta contra todos los derechos humanos de las mujeres. “Se deben modificar todos los protocolos inclusive a nivel legislativo, debemos de hacer algo que tenga más peso de ley porque esa ruta de atención que está establecida, claramente no está dando ningún fruto. Por eso me la juego toda por una posible reforma de tipo legal”.
A su vez, la congresista Olga Velásquez del Partido Alianza Verde, explicó que falta articulación, coordinación y complementariedad de las acciones entre todo el sistema. “Hoy es evidente que un funcionario no puede decir “es que aquí yo lo protegí, yo no sé allá en la Fiscalía o en la Comisaría qué haría; pero yo como Casa de Justicia lo hice”. No podemos seguir permitiendo esto, el sistema de protección es uno solo como país, no puede seguir funcionando de manera desarticulada. Lo segundo es que, efectivamente hay un tema de salud mental. Necesitamos una intervención inmediata en materia de salud mental”.
Por su parte, Erika Sánchez, representante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sostuvo que lo que sucedió con Erika Aponte es el reflejo de que los protocolos, leyes, programas y procesos de acompañamiento a las mujeres no están siendo efectivos.
“No hay una protección integral a las víctimas, aunque denuncien, no hay recursos y las autoridades todo lo tratan como casos aislados cuando hay un comportamiento generalizado de violencia contra las mujeres. Necesitamos una atención preventiva real y urgente para las mujeres que denuncian que son víctimas de violencias de género”, señaló.
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Finalmente, la congresista María Fernanda Carrascal, de la Coalición Pacto Histórico, aseveró que es necesario fortalecer los protocolos y canales de denuncia y de atención que existen.
“Diversos casos como los de la violencia de género en TransMilenio han evidenciado que son insuficientes, ineficientes y muchas veces revictimizantes. Seguimos fallando y este es un error que no podemos seguir permitiéndonos como sociedad. Desde hace unas semanas hemos venido haciéndole un llamado al Gobierno Nacional para que declare la emergencia por violencias basadas en género. Incluso, incorporamos un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo en equipo con la senadora María José Pizarro y la senadora Angélica Lozano. Lamentablemente ya no nos sentimos seguras y es nuestro trabajo desde la institucionalidad recuperar esa confianza para que las mujeres sepan que no están solas”, concluyó.