Liderados por el concejal del Polo, Carlos Carrillo, los cabildantes Emel Rojas (Colombia Justa y Libres), Andrés Forero (Centro Democrático), Lucía Bastidas (Alianza Verde), Sara Castellanos (Partido Conservador), Heidy Sánchez (Bogotá Humana) y Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente) entre otros, le enviaron ayer una solicitud al presidente de la República, Iván Duque, para que objete el proyecto de ley orgánica, por inconstitucionalidad e inconveniencia.
“Nos vemos en la obligación de dirigirnos a usted por medio del presente escrito, con el fin de exponer los fundamentos jurídicos que evidencian la inconstitucionalidad e inconveniencia del parágrafo transitorio del artículo 6 y el artículo 14 del Proyecto de Ley Orgánica, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, especialmente las contenidas en los artículos 165 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, sean objetados los artículos citados, en aras de proteger el ordenamiento jurídico superior al cual han de someterse todas las autoridades, incluido el Congreso de la República, el cual debe, en su ejercicio legislativo, respetar los límites que la Constitución le impone”, expresa la misiva.
Por un lado, los concejales señalan que el artículo seis elimina la competencia del Concejo de Bogotá para discutir y aprobar la propuesta de la Administración frente a la delimitación administrativa de las localidades, lo que significa una clara incomprensión de la diferencia entre las unidades de planeación y las unidades administrativas.
Frente a lo anterior, de acuerdo con Carrillo y los demás firmantes el proyecto de ley resulta altamente nocivo para la ciudad, ya que el Concejo de Bogotá pierde su facultad para impedir que se hagan delimitaciones inconvenientes en la ciudad a nivel urbano y de planeación, y lo obliga a aceptar y a aprobar, mediante Acuerdo de Ciudad a través del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, la propuesta de la Alcaldía.
Por otro lado, los cabildantes advierten que el artículo 14 del proyecto busca anular la autorización que el Concejo de Bogotá debía impartir a la Administración Distrital para comprometer vigencias futuras y en su lugar, establece que bastará con la autorización del Confis Distrital para que se asuman obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras destinadas tanto a gastos de funcionamiento como a gastos de inversión. Esto significa que la Administración tendría menos control político en el manejo de las vigencias futuras, es decir en la deuda de Bogotá.