En los seis meses del actual gobierno, comunidades étnicas y campesinos han solicitado la restitución de 1.515.298 hectáreas en todo el país. De acuerdo con la Unidad de Restitución de tierras (URT), de este total, 19.410 hectáreas están siendo solicitadas en ruta individual (comunidades campesinas) y 1.495.888 hectáreas a favor de comunidades étnicas (indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras).
Según la URT, con la presentación de 1.158 demandas, se logró dejar en manos de la justicia la reclamación que hacen 6.226 personas que buscan recuperar sus predios y 24.016 familias integrantes de comunidades étnicas que reclaman el restablecimiento de sus derechos territoriales.
El director general de la URT, Giovani Yule, dijo que este es un resultado destacado en los primeros meses de gestión del actual Gobierno.
Durante este periodo los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras profirieron un total de 318 sentencias en ruta individual y se profirió una sentencia a favor de la Comunidad Indígena de Tugeca del Resguardo Malayo del pueblo kogui, en la que 501 personas que integran 85 familias recuperaron 1.391 hectáreas.
Para Giovani Yule los resultados alcanzados demuestran el compromiso que tiene la actual Administración con las víctimas de la violencia y destaca la presentación de la demanda que reclama el mayor número de hectáreas, en los 11 años de ejecución de la política de restitución de tierras, a favor del pueblo nükak, en la que se pretende restablecer los derechos territoriales sobre 954 mil hectáreas a favor de 362 personas en el municipio de San José de Guaviare.
Por otra parte, la URT presentó tres demandas a favor del pueblo jiw, en las que se buscan que esta comunidad recupere sus derechos territoriales sobre 11.629 hectáreas a favor de 293 familias y avanzar en el proceso de caracterización de 112 familias que buscan recuperar 68.563 hectáreas en zona rural de San José de Guaviare.
Los resultados alcanzados son producto de la reorganización de los procesos internos de la URT que han logrado dar celeridad a las metas que buscan dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad con un enfoque províctima y propersona, que permitan garantizar decisiones en derecho en el marco de una justicia transicional reparadora.
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Solicitudes
De otro lado, y con el propósito de lograr que la política pública de restitución de tierras sea una realidad para todas las víctimas de despojo y abandono forzado, como consecuencia del conflicto armado, en el último trimestre del año pasado, el equipo de la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad presentó, ante jueces y magistrados, solicitudes de familias víctimas en departamentos como Cundinamarca, Chocó, Vaupés, Boyacá, Casanare y Vichada.
En efecto, al cierre del 2022, y como resultado del trabajo liderado desde octubre, se radicaron más de 35 demandas para devolver cerca de 600 hectáreas en diferentes zonas de la geografía nacional, restituyendo las tierras a sus dueños originales y brindándoles un futuro viable y sostenible a través de la restauración de sus derechos.
Al respecto, Martha Liliana Arévalo Acevedo, directora territorial de Bogotá y quien tiene bajo su jurisdicción nueve departamentos del país y el Distrito Capital, reportó con satisfacción los resultados de su equipo durante el último trimestre.
Confianza
“El Gobierno del cambio busca revitalizar la confianza de las víctimas en la justicia y en las instituciones públicas. Nuestro compromiso es claro: sensibilizarnos con la realidad de quienes fueron afectados con despojo y abandono, juntar esfuerzos para dar celeridad a todos los trámites administrativos y, por ende, llevar ante la justicia los procesos de una manera mucho más oportuna. Prueba de esto son los más de 123 beneficiarios por los que hemos trabajado durante estos tres meses y quienes ya cuentan con demandas radicadas en los diferentes juzgados de restitución de tierras”, declaró.
Finalmente, con el fin de garantizar la reparación integral a todas las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, la Unidad de Restitución recordó a la ciudadanía interesada acudir a sus canales de atención en Bogotá.
Asimismo, la URT interpuso una demanda colectiva que busca amparar los derechos de 25 familias sobre el mismo número de predios ubicados en Corozal, Sucre. Esta se constituye como la primera solicitud de tierras abandonadas forzosamente por campesinos en el municipio sucreño.
Los inmuebles, ubicados en el corregimiento San José de Pileta, se desprenden de un predio de mayor extensión denominado Guaypi, que fue adjudicado en 1982 por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), a unas 30 familias campesinas. Aunque la entidad, en su momento, formalizó las tierras de manera individual, los campesinos las explotaron mediante el trabajo organizado en comunidad, lo que les permitió constituir una cooperativa a la que llamaron Empresa San José de Pileta.