Con cinco hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia fiscal por $11.290 millones, y cinco con posible connotación disciplinaria, finalizó la fiscalización especial de la Contraloría General al Plan Departamental de Agua (PDA) del Magdalena, sobre las vigencias 2019 y 2020.

En un comunicado, el ente de control emitió un concepto de incumplimiento material con reserva, tras evidenciar las deficiencias identificadas en la planeación, control y supervisión del proceso contractual por la empresa Aguas del Magdalena, así como la ejecución de una muestra de contratos seleccionados por el organismo de control.

Asimismo, la entidad determinó deficiencias relacionadas con la falta de planeación y supervisión de los contratos para la Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Cerro de San Antonio y la Construcción del Sistema de Acueducto Rural en la Sabana de las Flores, ubicado en el municipio de El Banco.

En el primer documento, la Contraloría determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de $10.690 millones. Mientras que en el segundo, se estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cerca de $600 millones de pesos, correspondientes a la afectación de las obras civiles y la interventoría.

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“Por la necesidad de desaguar las aguas residuales, muchos habitantes del municipio de Cerro de San Antonio han decidido empalmarse a la red instalada, que no está conectada entre sí, generando desbordamientos en las cámaras de inspección”, afirmó el órgano de control.

Igualmente, señalaron que “tampoco existe conexión entre la red interna de recolección y el pozo húmedo de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, encargada de bombear estos fluidos hacia la laguna de oxidación, que a su vez no está terminada y no cuenta con disposición de fluido eléctrico, así como tampoco con ningún componente de este capítulo que garantice su funcionamiento”, lo que ha generado una serie de factores de insalubridad que ponen en riesgo a todos los habitantes de la cabecera municipal.

Vale recordar que la Contraloría indicó que las obras presentan un retraso de 24 meses, por inconvenientes de un lecho rocoso que ha impedido empalmar varios puntos entre sí para configurar la red de alcantarillado.

“Con base en los hechos evidenciados en la visita practicada, se determina que hay una inviabilidad técnica del proyecto y deficiencias técnico-constructivas de sus componentes. Se considera que, aunque termine su ejecución, no va a operar en su totalidad”, enfatizó la entidad de control.