Por presuntas irregularidades en una contratación, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Julio Cesar Castillo, gerente financiero de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de la comunidad Wayuu, y a Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad.
Dicha contrato tenía como objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu en estado de vulnerabilidad, el cual fue suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure, La Guajira, y cuyo valor ascendió a $8.000 millones.
#ATENCIÓN | Judicializados 2 empleados administrativos de IPS dedicada a la atención de comunidad Wayuu, por presunta apropiación de recursos. Hechos se relacionan con contrato suscrito en junio de 2015 con Alcaldía de Manaure, #LaGuajira, cuyo valor ascendió a $8.000 millones. pic.twitter.com/2F33p95fv0
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 22, 2021
Según especificó el ente acusador, el citado contrato tenía por objeto que estas familias Wayuu recibieran servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.
Sin embargo, el material probatorio de la Fiscalía revela que al parecer Castillo y Cruz habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía, por lo cual, presuntamente se apropiaron de $2.839 millones que correspondían a dineros públicos.
Asimismo, el órgano de control señaló que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó cargos a estos funcionarios por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer; los cuales no fueron aceptados por los señalados.
A su vez, en su investigación, el ente acusador expuso otras supuestas irregularidades que continúan en indagación, entre estas que Julio César Castillo supuestamente habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de $3.000 millones.
Al parecer, la IPS en cuestión subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto y $900 millones destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.
De igual manera, según indicó la Fiscalía, el agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques y se tiene registro de atención de 1.621 personas de los 8.000 beneficiados en la fase uno del proyecto.
Además, se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato pero, según el ente acusador, estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58’000.000.