La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al director de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, Charles Wilber Benavides Castillo, por presuntas irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por $13.191 millones.  

Según el órgano de control, el funcionario celebró de forma directa cuatro contratos de compraventa para adquirir los camiones cisterna, y en los que al parecer se omitió el trámite de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva de contratistas.

Presuntamente, dice el Ministerio Público, se invocó como sustento de la contratación directa la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No. 050 del 24 de marzo de 2020, al considerar la adquisición de las máquinas como necesarias para atender el estado de emergencia.

Esto, al parecer sin contar con una base técnico-científica suficiente que permitiera colegir la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias asociadas a la operación de los mismos frente a la contingencia generada por el covid-19.

Al parecer el investigado desconoció los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la contratación estatal.

Un segundo cargo se relaciona con una presunta falta disciplinaria al fraccionar el objeto contractual en cuatro negocios jurídicos, con lo que habría omitido la convocatoria a licitación pública para desarrollar el proceso.

La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas del investigado como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

Lupa a la contratación de San Andrés

La Procuraduría General de la Nación pidió al gobernador (e) del Archipiélago de San Andrés, Alan Leonardo Jay Stephens, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker, un informe detallado sobre los más de 6.000 contratos de prestación de servicios firmados entre el primero de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que incluya valores, contratistas, objetos, tiempos de ejecución, fuentes de financiación y las razones de su suscripción.

Como resultado de una vigilancia preventiva, el Ministerio Público identificó que en el departamento entre 2019 y 2020 fueron suscritos 7.366 contratos, de los cuales el 94,12% correspondieron a la Alcaldía y la Gobernación. Lo que despertó una alerta considerando que solo en la isla de Providencia habitan 6.000 personas.